El Estado resuelve 72 sanciones por ocupación ilegal de la costa en el año del traspaso a Galicia

La costa gallega ya tiene dos vigilantes. Desde el 1 de julio de 2025 la Xunta gestiona buena parte de las competencias del litoral, pero el Estado no se ha retirado de la primera línea de playa. El dominio público marítimo-terrestre (DPMT) sigue siendo suyo y, con esa titularidad en la mano, conserva la capacidad de sancionar las ocupaciones ilegales o daños irreparables de terrenos de primera línea de mar. En ese año de cambio de modelo, el Ministerio para la Transición Ecológica ha resuelto 72 expedientes sancionadores en Galicia, de los que 55 se tramitaron en la provincia de A Coruña, por 15 en Lugo y solo 2 en la de Pontevedra.

Galicia asumió la gestión del litoral, incluidas autorizaciones y concesiones, pero no la propiedad del dominio público marítimo-terrestre. Esa diferencia es la que determina ahora quién castiga cada infracción. Si el problema está en que no se cumplen las condiciones de una autorización o de una concesión cuya gestión corresponde a la comunidad, entonces la competente para intervenir es la Consellería de Medio Ambiente. Pero si lo que hay es una ocupación sin título del DPMT como un cierre, una caseta, una instalación fija, una obra o cualquier intento de ganar terreno a la costa, la potestad sancionadora continúa en manos del Estado, del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este reparto ha quedado así establecido en el decreto 394/2025, que formalizó el traspaso. La Xunta controla los permisos que gestiona, pero Costas conserva la defensa última del suelo público frente a las ocupaciones ilegales.

Desde el año 2010 se resolvieron en Galicia 3.900 expedientes sancionadores por infracciones de la Ley de Costas. La mayor parte se concentra en A Coruña (donde están los servicios centrales encargados de la vigilancia), con 2.900, seguida de Lugo, con 719, y Pontevedra, con 281. Pero ese histórico no mide exactamente lo mismo que los datos que empiecen a computarse desde la segunda mitad de 2025. Hasta entonces, el balance estatal mezclaba ocupaciones ilegales e incumplimientos de las condiciones impuestas en concesiones y autorizaciones.

Pero al margen de qué administración sea la encargada de vigilar y proteger el litoral, la presión sobre esa franja sigue siendo constante porque la primera línea de costa es un terreno muy codiciado, tanto para usos residenciales como hosteleros, turísticos o meramente privados. Y las ocupaciones suelen empezar por elementos aparentemente menores: un cierre que avanza unos metros, un galpón, una casa de madera, una explanada, una instalación permanente para una caravana, un desagüe, pozos, bancales o pequeñas construcciones que acaban consolidando un uso particular sobre un suelo que debe permanecer abierto al uso público.

En el conjunto de España, el pasado año el Ministerio para la Transición Ecológica resolvió 2.765 expedientes de sanción, si bien aquí se incluyen tanto los que afectan al DPMT como al incumplimiento de las condiciones de las concesiones. Al frente de las irregularidades se sitúa la provincia de Cádiz, con 673 casos, seguida de Almería con 474 y Granada, con 318. Pese a que la costa gallega es la más larga de España, con casi el doble de kilómetros que Andalucía, es en el sur donde más se salta las regulaciones y leyes que pesan sobre el litoral.

Además de sancionar, la Administración puede recuperar físicamente esos terrenos. El número de expedientes de recuperación posesoria resueltos en Galicia desde 2010 subió de 96 a 102 en total, al sumar seis más en 2025. También aquí, la provincia de A Coruña concentra la inmensa mayoría, con 85 actuaciones acumuladas desde 2010. Lugo suma 2 y Pontevedra, 15. Estos procedimientos buscan restaurar la integridad del dominio público y devolver al uso común espacios ocupados indebidamente, con independencia de que además pueda imponerse una multa.

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