El uso de móviles como herramienta educativa se desploma en los institutos gallegos tras las regulaciones de la Xunta

Galicia identificó hace más de una década la utilización de los teléfonos móviles en las aulas como un potencial problema, de ahí que estos dispositivos aparezcan expresamente citados en el decreto de 2015 que desarrolla la Ley de convivencia escolar. Su articulado prohíbe el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos como «mecanismo de comunicación durante los períodos lectivos». Con todo, se aplicaba una excepción: quedaba en manos de los centros «establecer normas para la correcta utilización como herramienta pedagógica».

Esa oportunidad fue aprovechada por los institutos gallegos. Según datos del Ministerio de Educación, el 60,2% permitía al alumnado de la ESO el uso del móvil con fines educativos en el curso 2022-2023. Sin embargo, dos años después, apenas un tercio mantiene habilitada esa posibilidad —un 35,1%—. Son casi un 42% menos y, de hecho, secundaria —de carácter obligatorio y con menores— es la etapa en la que menos se utilizan, junto a la FP Básica (36,3%).

En solo dos cursos, Galicia ha pasado de situarse por encima de la media española (40%) en la ESO a quedar por debajo y rezagarse en los puestos de retaguardia de la clasificación autonómica —ahora es cuarta por la cola, a falta de los datos del País Vasco—.

Una regulación más restrictiva

El retroceso ha coincidido con una regulación más restrictiva de los móviles por parte de la Consellería de Educación, que los exilió, con carácter general, de la «totalidad» de la jornada escolar, incluidos los períodos no lectivos.

Esa decisión, que entró en vigor en enero de 2024, se produjo en un contexto de creciente recelo hacia las pantallas en general y los móviles en particular que prendió en progenitores, centros educativos y expertos y que desembocó en que el Gobierno central impulsase una normativa para proteger a los menores en los entornos digitales.

Pese a ello, la Xunta todavía dejó margen para que los centros pudiesen establecer «excepcionalmente normas para la correcta utilización» de los dispositivos digitales como «herramienta pedagógica, supervisada por el profesorado». En el futuro ya no será así y, previsiblemente, la próxima encuesta refleje los efectos de la futura Lei de educación dixital, que la Xunta pretende que esté vigente el próximo año y que es todavía más estricta con el teléfono móvil, ya que si hasta ahora se autorizaba un empleo pedagógico en todas las etapas, con la norma se acotará esa posibilidad desde 3º de la ESO en adelante, es decir, solo durante la mitad de la etapa.

Además, la digitalización de las aulas, un proceso que el covid impulsó, se ha contenido en Galicia debido a la evolución, también fruto de la presión de la comunidad educativa y con centros que incluso se dieron de baja, del modelo del libro digital a un sistema híbrido, que combina las ventajas de las tecnologías digitales con herramientas analógicas tradicionales —lápiz y papel—.

Otras etapas educativas

La tendencia en los datos, procedentes de la encuesta bianual del Gobierno central sobre equipamiento tecnológico en las aulas, se repite, con diferentes intensidades, en todas las etapas no obligatorias, desde la FP Básica a la de grado superior, pasando por el Bachillerato. Así, entre los institutos que forman a los bachilleres, la deserción también ha sido elevada: para dos de cada tres centros era un recurso pedagógico y ahora solo lo ven como tal un 37,5 por ciento.

Los móviles resisten mejor en los ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional, especialmente en estos últimos, más diversos por edad del alumnado y configuración de las aulas. Casi la mitad de los centros de grado medio y poco más de la mitad de los que imparten educación superior aprovechan el potencial educativo que pueda tener la herramienta, aunque dos años antes recurrían a ella dos de cada tres centros, como en Bachillerato.

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