Dictamen
El Consello Económico e Social alerta sobre el desequilibrio del Plan director del sector alimentario de la Xunta a favor de la industria
En un crítico dictamen, el órgano consultivo critica que se descuide el sector primario o el impacto de Mercosur y no se tomen medidas para corregir la alta concentración de la gran distribución

Protestas, este año, de los agricultores de Ourense contra el acuerdo con Mercosur. / Iñaki Osorio

El Consello Económico e Social (CES) ha firmado un crítico dictamen sobre el Plan director del sector alimentario que elabora la Xunta. Censura que se haya centrado en exceso en el sector industrial a costa de dejar un papel secundario a los productores del sector primario, por lo que resulta «asimétrico en su diagnóstico y estudio», que se descuide el impacto de Mercosur en la comunidad gallega o que, pese a la alta concentración de las grandes cadenas de distribución, no haya ninguna propuesta para corregir este desequilibrio. En todo caso, el Gobierno gallego aún no ha aprobado el documento, que continúa en proceso de elaboración y está a tiempo de modificarlo.
El informe, aprobado por unanimidad en el pleno del CES, valora la existencia de una planificación específica para un sector que considera estratégico para Galicia, pero introduce una enmienda de fondo al enfoque elegido. A juicio del órgano consultivo, el plan de la Xunta desarrolla con más detalle la parte industrial de la cadena alimentaria y deja en una posición más débil al campo, la ganadería, la pesca, el marisqueo y la acuicultura, precisamente los eslabones que sostienen la producción de materias primas y buena parte de la actividad económica en áreas rurales y costeras.
El CES advierte de que esa orientación «puede interpretarse como una apuesta prioritaria» por la transformación industrial desvinculada de las producciones primarias, lo que conlleva un riesgo aparejado, que es que el crecimiento de la industria «acabe dependiendo de recursos externos y pierda capacidad para generar valor añadido en el propio territorio». Para evitarlo, reclama un modelo que integre todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta la comercialización, y que refuerce la conexión entre las empresas transformadoras y las explotaciones agrarias, ganaderas, pesqueras o acuícolas gallegas.
El dictamen insiste en que el sector primario no solo garantiza el suministro de alimentos, sino que también sostiene una red de empleo indirecto ligada a servicios técnicos, almacenes, talleres, empresas auxiliares, maquinaria, asesoramiento y logística. Esa actividad, recuerda el órgano consultivo autonómico, tiene una importancia especial en comarcas rurales y costeras, donde las producciones primarias funcionan como soporte económico y social. Por eso considera insuficiente que el plan no integre de forma más clara «todo este ámbito» dentro de sus líneas de actuación.
Otro de los puntos más sensibles es la cadena de valor, ante la que el CES considera necesario «avanzar hacia modelos más redistributivos» que garanticen precios justos, estabilidad y equilibrio en las relaciones entre productores, industrias y distribución, por lo que aboga por «reforzar el poder negociador» de los suministradores de las materias primas.
En este sentido, el dictamen recuerda que la gran distribución supera el 80% de cuota en el consumo alimentario en Galicia y que ese «poder creciente» permite imponer exigencias de precios, volúmenes, envases o certificaciones que reducen la capacidad negociadora de las pymes y presionan sus márgenes. «Sin embargo, el Plan no incorpora medidas correctoras de este desequilibrio estructural en la cadena de valor alimentaria».
La preocupación por los efectos del acuerdo comercial de la UE con Mercosur deja también huella en el dictamen. El CES considera que sus consecuencias para Galicia merecen «atención y capítulo propio». El órgano consultivo entiende que la Xunta sí dispone de margen para adoptar algunas medidas de refuerzo, como mejorar los canales de comercialización de los productos gallegos, favorecer el acceso a la tierra y avanzar en la ordenación del territorio para fortalecer las explotaciones frente a la competencia exterior, pero que el Ejecutivo autonómico no las ha incluido y, sin embargo, ha incorporado, de forma «discutible», medidas que no dependen de la Xunta.
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