La Xunta asesora a los comercios multados con hasta 13.000 euros por la Comunidad de Madrid por incumplir la normativa de venta online

La herida abierta que mantienen en este momento Galicia y la Comunidad de Madrid por los descuentos en el transporte se ensanchó a los pocos días al trascender los expedientes sancionadores abiertos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a pequeños comercios gallegos por incumplir la normativa de venta online. Una cuestión sobre la que habló este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien alegó que a los afectados "les asiste la razón", por lo que el Gobierno gallego les está prestando asistencia en la elaboración de alegaciones "en la defensa de sus derechos".

Los establecimientos afectados se sitúan en las localidades de Vilanova de Arousa, Cambados, Foz y Viveiro, y las notificaciones de sanción recibidas ascienden hasta los 13.000 euros. Rueda trató de mostrar que las relaciones entre ambas comunidades continúan siendo "cordiales", ya que es "lo normal si hablamos de respeto entre los territorios". Eso, apuntó, no está reñido con "la defensa de nuestros intereses", lo que ha llevado al Ejecutivo gallego a prestar asistencia a los comerciantes.

Según explicaron a EFE fuentes del Gobierno madrileño, la Comunidad entiende que "cualquier comunidad autónoma puede actuar" e incluso "está obligada a hacerlo" si detecta infracciones en materia de protección a los consumidores por parte de un comercio con página web y que, por tanto, "puede vender en todo el territorio nacional". En el caso de los comercios gallegos expedientados, los incumplimientos se refieren a no aplicar correctamente el derecho de desistimiento, defectos de etiquetado en los productos a la venta, limitaciones para reclamar contra la empresa vendedora o cuestiones relacionadas con la garantía de los productos, según sostiene la Comunidad de Madrid.

"Reciprocidad" en el debate por los descuentos del transporte

Otro de los frentes que la comunidad mantiene abierto con el Gobierno de Ayuso es el relativo a los descuentos en el transporte para usuarios procedentes de otras regiones. La dirigente madrileña propuso la pasada semana que estos incentivos sean financiados por sus respectivos gobiernos autonómicos, una iniciativa que obtuvo el respaldo casi inmediato de cinco autonomías.

"Si la Xunta tiene que pagar allí, lo lógico sería que la Comunidad de Madrid tenga que pagar aquí también por los madrileños que usan los servicios gallegos", señaló el mandatario gallego. Eso sí, matizó que esta premisa se plantea únicamente en el transporte público, y no "en otro tipo de servicios", como los sanitarios, en los que tampoco cree que fuese "deseable" para nadie hacerlo.

Fuente: El Correo Gallego