Lo que supone el traspaso de la AP-9 a Galicia: los peajes continuarán (aunque podrán sumar más rebajas)

El acuerdo aprobado en el Congreso para transferir a Galicia la gestión y la titularidad de la AP-9 significa exactamente eso, que se traspasa la gestión y la titularidad para que la acción de gobierno, con un campo de iniciativa bastante limitado, esté más próxima (al menos geográficamente) a la autopista. La administración podrá estar más encima, ser más vigilante, amenazar y abrir más expedientes por deficiencias en el servicio, ampliar los carriles, los tramos y los accesos, mejorar la señalización, bonificar las tarifas... pero, salvo que se rescate la concesión o se esté dispuesto a entregar a Audasa miles de millones de euros, los peajes continuarán activos. Circular libremente, sin pagar por usarla, no está en la agenda a corto plazo.

Porque la ley que permite transferir a la Xunta la Autopista del Atlántico supone un cambio de manos en una infraestructura estratégica, aunque no implica, de forma automática, la gratuidad de la vía ni la desaparición inmediata de los peajes. Para los usuarios, el cambio más inmediato no sería una barrera levantada, sino una nueva administración interlocutora.

En todo caso, el texto de esa ley orgánica tiene todavía mucho recorrido por delante. Debe ir al Senado, donde el PP, con su mayoría absoluta, intentará cambiarla —y lo hará—, y luego deberá regresar al Congreso para revertir el contenido modificado. Y, por si fuera poco, posteriormente todas las condiciones del traspaso se deberán acordar y firmar en la Comisión Mixta Xunta-Estado. Sin consenso en esta fase, la transferencia puede eternizarse o, simplemente, quedar en nada.

La autopista está explotada por Audasa, y su régimen concesional, hasta el año 2048 —por la ampliación de la concesión aprobada en 2000 por el Gobierno de Aznar—, sigue siendo el elemento central del problema: que la gestión pase a depender de Galicia no elimina por sí misma los derechos y obligaciones vigentes con la concesionaria, lo que incluye los peajes.

En la práctica, el traspaso significaría que la Xunta asumiría competencias sobre la infraestructura, su explotación, la supervisión de la concesión y las decisiones futuras que puedan adoptarse sobre descuentos, modificaciones o eventuales cambios en el contrato. Pero el punto sensible es quién paga cada decisión. Según el texto aprobado, el Estado conservaría las responsabilidades económicas generadas antes de la transferencia, mientras que Galicia asumiría los costes derivados de decisiones posteriores. O sea, que si Galicia quiere abaratar los peajes o, directamente, eliminarlos, tendría que poner encima de la mesa miles de millones de euros. Salvo que lo hiciera el Estado antes. En todo caso, cualquiera de las dos opciones es altamente improbable.

Por tanto, el traspaso puede cambiar quién decide, quién negocia y quién responde ante los usuarios, pero no resuelve por sí solo la gran cuestión de fondo. La clave estará en la letra pequeña de la transferencia, como qué obligaciones económicas acompañan a la autopista, qué costes se reserva el Estado, qué margen tendrá la Xunta para ampliar descuentos y si existe una fórmula viable para avanzar hacia la reducción o desaparición de los peajes sin comprometer las cuentas públicas gallegas.

Y aquí está también la gran discrepancia. La Xunta sostiene que el acuerdo aprobado en el Congreso no garantiza por parte del Gobierno central los fondos necesarios para aumentar las bonificaciones, realizar las inversiones comprometidas, afrontar ampliaciones o nuevos accesos y, sobre todo, correr con los gastos de la indemnización a Audasa en caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine que la ampliación del contrato hasta el año 2048 realizada por Aznar es ilegal por falta de concurrencia competitiva. Por lo de pronto, la Xunta calcula que la factura para Galicia sería de unos 4.000 millones de euros, algo inasumible.

Mientras, por su parte, los partidos que apoyan la redacción de la última versión de la ley que permitirá su traspaso a Galicia y que suman mayoría en el Congreso defienden que está garantizado que el Estado se haga cargo de todos los gastos derivados de las decisiones tomadas, en relación con la AP-9, por el Gobierno central, incluida una eventual sentencia que condene a España por la ilegalidad de la prórroga concedida a Audasa por Aznar. Lo que sostienen PSOE y BNG es que, en realidad, la Xunta no quiere asumir la gestión por seguir los dictados de la dirección nacional del PP y evitar que un Gobierno del PSOE sea el que, finalmente, transfiera la AP-9.

El rescate de la concesión es la opción más ambiciosa, pero también la más compleja. Implicaría poner fin anticipadamente al contrato con Audasa y compensar, si corresponde, los derechos económicos de la concesionaria. Esa vía permitiría avanzar hacia una AP-9 sin peajes, pero exigiría una decisión presupuestaria de gran magnitud y una negociación jurídica delicada. La alternativa más gradual sería mantener la concesión hasta 2048, pero ampliar las bonificaciones para aliviar el coste a residentes, usuarios frecuentes, transportistas o determinados tramos especialmente utilizados.

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