El Congreso aprueba en pleno la transferencia a Galicia de la AP-9

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta mañana, en pleno, un acuerdo histórico: el traspaso a Galicia de la titularidad y gestión de la AP-9. Lo ha hecho con los votos en contra del Partido Popular y de Vox. Es la primera vez que esta demanda gallega ha llegado tan lejos en su tramitación en las Cortes Generales de los cuatro intentos realizados, pero todavía queda un largo camino por delante antes de materializarse. La iniciativa, plasmada en una ley orgánica que esta tarde será ratificada, tiene que ir al Senado, donde el PP votará en contra, para luego tener que volver al Congreso para la aprobación definitiva. Y después queda un trámite no menos complejo, que es la negociación que tendrán que entablar el Gobierno central y la Xunta para sellar el traspaso con sus condiciones específicas.

PSOE, Sumar y BNG, cuyo acuerdo en las últimas semanas permitió desbloquear la tramitación en el Congreso, calificaron la jornada como «día histórico» y reprocharon el comportamiento del PP por considerar que su rechazo se debe únicamente a que en realidad no quieren la gestión de la Autopista del Atlántico.

El Partido Popular, por su parte, denuncia que ese acuerdo entre los partidos de izquierda «deturpa» el acuerdo unánime del Parlamento gallego y que votaron en contra porque no está garantizado que el Estado asuma los costes asociados a la transferencia, como el mantenimiento de las bonificaciones del peaje, las inversiones comprometidas o la indemnización a la concesionaria en caso de que la UE dictamine que la ampliación de la prórroga —aprobada en 2000 por el Gobierno de Aznar— se hizo de forma ilegal.

Argumentos del PP

El texto de la ley orgánica ya venía definido tras su paso por la Comisión de Transportes del Congreso, por lo que esta mañana lo que se votó en pleno fueron los votos particulares en contra firmados por el PP con el propósito de corregir la «alteración sustancial» de la iniciativa originaria del Parlamento gallego. Por la tarde, sí se votará la ley orgánica, que respetará lo votado esta mañana.

El encargado de defenderlos fue el diputado gallego Pedro Puy.

Sostuvo que el texto que llegó al Congreso tuvo el respaldo unánime del Parlamento de Galicia porque allí se había consensuado, pero que tras los cambios introducidos en la Comisión de Transportes por PSOE, BNG y Sumar, el contenido quedó totalmente desvirtuado.

De hecho, «una de las modificaciones más preocupantes», dijo, ha sido la eliminación de la disposición adicional que en su día se incluyó precisamente para garantizar que el coste de una posible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contraria a la prórroga de la concesión del año 2000 no recayera sobre la administración autonómica, sino sobre quien la realizó, que fue la Administración del Estado.

Con las nuevas condiciones del acuerdo aprobado en el Congreso, ha indicado Pedro Puy, el traspaso a Galicia de la AP-9 «ya no es viable». Y dio tres motivos.

El primero, porque las condiciones se tendrán que discutir posteriormente en una negociación a dos bandas entre la Xunta y el Gobierno, por lo que el traspaso queda «en diferido».

El segundo, «porque han caído las garantías esenciales para viabilidad financiera de la transferencia, como la cobertura de las inversiones ya comprometidas, el mantenimiento de las bonificaciones o la asunción por la Administración del Estado de las posibles consecuencias de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con relación a la ampliación de la concesión».

El tercer motivo es «político», enfatizó el diputado gallego. «Cuando saben que la transferencia solo se puede materializar con el concurso de la voluntad del Gobierno gallego, imponer condiciones en la ley que condicionan la viabilidad financiera del traspaso y que la Xunta saben que no puede aceptar, porque la Xunta tiene la obligación de defender la posición financiera del Gobierno autonómico», advirtió.

Los defensores del acuerdo

Por el PSOE, Patricia Otero sostuvo que el PP ha perdido otra oportunidad para situarse al lado de los intereses gallegos y apoyar un acuerdo que ha sido ratificado por todos los partidos del Congreso salvo los populares y Vox.

La diputada socialista enfatizó que el nuevo acuerdo no «deturpa» nada de la iniciativa originaria del Parlamento gallego y que queda garantizado que el Estado asumirá todos costes económicos que se deriven las decisiones tomadas mientras fuera titular de la autopista. «Dejen de mentir y torpedear el acuerdo», espetó Patricia Otero a los diputados populares.

Recordó también que fue el PP el que vetó en el Congreso que se debatiera cualquier iniciativa tendente al traspaso de la AP-9 (que va por su cuarta tentativa). «Ustedes se mueven siempre en los problemas, la marrullería y el Barro», soltó.

Por sumar, Manuel Lago Peñas destacó que el acuerdo garantiza la correcta transferencia, porque el Estado asume todas las consecuencias económicas de sus decisiones sobre la AP-9, incluidos los 3.400 millones de euros comprometidos hasta el año 2048 para mantener las bonificaciones del peaje.

Sobre la razón que ve en el PP para rechazar el acuerdo, Lago Peñas dio una explicación: «Es más fácil criticar que gobernar».

Néstor Rego (BNG) lo tiene más claro. Si PP y Xunta están en desacuerdo es porque realmente no quieren el traspaso de la titularidad de la AP-9. Como elementos para entender esta posición, el diputado nacionalista recordó que fue el Gobierno de Aznar el que prorrogó en 2000 la concesión de la autopista hasta 2048 y el que privatizó la gestión en 200 y que el PP vetó hasta el debate de la transferencia en el Congreso.

«Este acuerdo respeta las decisiones unánimes del Parlamento. Lo que le interesa al PP es que esta iniciativa decayese y no se transfiera a Galicia la AP-9», concluyó.

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