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Choque institucional

Cinco autonomías aceptan el plan de Ayuso para cofinanciar el transporte madrileño mientras Galicia mantiene las reservas

La Consejería de Transportes de Madrid ofrece «diálogo y colaboración» a la Xunta, que no avanza aún si aceptará el convenio como ya hicieron la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias, Extremadura, Cantabria y Ceuta

Varias personas en la estación de Metro de Móstoles Central, en Madrid.

Varias personas en la estación de Metro de Móstoles Central, en Madrid. / Eduardo Parra

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Paula Pérez

Paula Pérez

Santiago

La Comunidad de Madrid quiere que los descuentos que aplica en el transporte a usuarios procedentes de otras regiones sean financiados por sus respectivos gobiernos autonómicos, una iniciativa que obtuvo ya el respaldo casi inmediato de cinco autonomías pero que se ha encontrado con los recelos de la Xunta. Tras los reproches del presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, que reclama «reciprocidad» —es decir, que el Gobierno de Ayuso pague también por los madrileños que usan el autobús en Galicia—, la Consejería de Transportes de Madrid asegura que está abierta al «diálogo y la colaboración» y recuerda que ya puso a su disposición un convenio para cofinanciar este servicio. Pero desde la Consellería de Presidencia mantienen sus reservas.

«No hay novedades al respecto. Ya se pronunció el presidente de la Xunta tras el Consello de la Xunta de este lunes», explican. Rueda reconoció entonces que ya habían recibido la carta con el convenio ofrecido por el Ejecutivo de Ayuso para que Galicia pague por las bonificaciones a usuarios gallegos del transporte madrileño. Se sorprendió por las formas: «estas cosas hay maneras de hablarlas, yo a Madrid la tengo por una comunidad abierta. En todo caso, lo veremos».

Sin embargo, mientras Rueda mantiene las distancias, otras cinco autonomías ya mostraron su interés en la propuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Entre ellas están cuatro comunidades gobernadas por el PP —Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Cantabria—, Canarias (Coalición Canaria) y la ciudad de Ceuta. Fueron las primeras en responder al borrador remitido por el Consorcio madrileño de Transportes y que será un primer paso para abrir la negociación de los términos del acuerdo, que deberá reflejar el reparto de la financiación o los grupos de población que podrán beneficiarse de la medida. La presidenta madrileña planteó este convenio tras anunciar que será obligatorio estar empadronado en Madrid para disfrutar de las bonificaciones al transporte público.

En la carta remitida a las autonomías, el gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) subraya que los convenios deben fundamentarse «en un principio de cooperación y corresponsabilidad financiera entre administraciones y plantea, con carácter prioritario, facilitar el acceso de los jóvenes al abono en condiciones equiparables a las de los usuarios empadronados en la región».

Dos frentes abiertos con Madrid

Esta carta ha provocado un primer desencuentro con la Xunta, pues Rueda, no solo se mostró sorprendido por la propuesta, sino que advirtió que si tienen que cofinanciar estas bonificaciones, Galicia también exigirá al Gobierno de Ayuso que pague por el uso que los ciudadanos madrileños hagan del transporte en la comunidad gallega.

Pero no es el único frente abierto entre ambos ejecutivos. La Consellería de Emprego salió también en defensa de los comercios gallegos que recibieron notificaciones con multas de la Comunidad de Madrid por incumplimientos en la venta online. Se exponen a sanciones de hasta 13.000 euros. La Xunta los está asesorando en el trámite de alegaciones, pues considera que «no hubo mala fe».

En el tema de transportes, la Comunidad de Madrid defiende que está abierta al diálogo y justifica que su objetivo es «garantizar que el sistema funcione con seguridad jurídica y en el marco de las competencias de cada administración». Sin embargo, la Xunta no mueve ficha, de momento.

La Comunidad de Madrid mantiene ya un acuerdo desde hace años con Castilla-La Mancha para cofinanciar el transporte, pero afecta, en este caso, a los viajes interautonómicos, es decir, a los ciudadanos que se desplazan entre ambas regiones.

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