El acuerdo del Congreso para traspasar la AP-9 a Galicia aboca a una difícil negociación Xunta-Estado

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy en sesión plenaria un acuerdo histórico: el inicio del traspaso a Galicia de la titularidad y la gestión de la AP-9. Lo ha hecho con los votos en contra del PP y Vox. Es la primera vez que esta demanda gallega ha llegado tan lejos en su tramitación en las Cortes Generales de los cuatro intentos realizados hasta la fecha, pero todavía queda un largo camino por delante antes de materializarse. La iniciativa, plasmada en una ley orgánica, tiene que ir ahora al Senado, donde el PP votará de nuevo en contra, para luego volver al Congreso para la aprobación definitiva. Pero después queda un trámite no menos complejo, que es la negociación que tendrán que entablar el Gobierno central y la Xunta para sellar el traspaso con sus condiciones específicas. Y tal como ha sido la génesis de este paso decisivo dado hoy, esta discusión se presenta muy difícil por las posiciones encontradas de las dos administraciones. En el peor de los casos, incluso puede frustrarse la transferencia efectiva de la autopista a Galicia porque es necesario la concertación de ambos gobiernos.

A día de hoy, ni la Xunta ni el PP están por la labor de firmar la transferencia con las condiciones votadas en el Congreso. Creen que se ha «traicionado», especialmente en el apartado económico, el contenido del acuerdo originario y unánime del Parlamento de Galicia. De hecho, los populares intentarán, como pretendieron sin éxito en el Congreso, darle la vuelta en el Senado. Ahí lo harán, porque tienen mayoría absoluta, pero luego la ley orgánica volverá a la Cámara Baja para dejarlo igual que el aprobado hoy.

Durante el debate, el diputado del PP Pedro Puy ya lo advirtió. La Xunta, cuanto le toque negociar el traspaso, no aceptará porque no está garantizada la viabilidad financiera de la operación. Poco después, desde Vigo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo dejaba también muy claro. «Es inaceptable», dijo, porque no implica financiación y va en sentido contrario a lo pactado en Galicia.

«Evidentemente, a la Xunta no se le puede imponer un traspaso en las condiciones que al Gobierno central le apetezca y no aceptará en la Comisión Mixta una transferencia que sea gravosa para las arcas y los contribuyentes gallegos», avisaron fuentes del Gobierno gallego.

Lo que hizo en el Congreso fue, primero, rechazar las enmiendas presentadas por el PP contra la ley que prepara el traspaso de la AP-9 y, pocas horas después, aprobar esa ley que permitirá la transferencia efectiva, pero condicionada a un posterior acuerdo en una Comisión Mixta Xunta-Estado en el que se fijarán las cláusulas concretas. Y ahí es donde el Ejecutivo autonómico dará la batalla, si para entonces siguen los mismos inquilinos en Moncloa.

Consenso roto

La ley se desbloqueó hace unas semanas merced a un pacto entre PSOE, Sumar y BNG. Eso supuso que pudiera continuar su trámite en el Congreso, pero también romper el consenso en Galicia con el que nació esta demanda.

El Partido Popular, por boca de Pedro Puy, denuncia que ese acuerdo entre partidos de izquierda «deturpa» el acuerdo unánime del Parlamento gallego porque no está garantizado que el Estado asuma los costes asociados a la transferencia, ni la ampliación y el mantenimiento de las bonificaciones del peaje, ni las inversiones comprometidas o la indemnización a la concesionaria en caso de que la UE dictamine que la ampliación de la prórroga —aprobada en 2000 por el Gobierno de Aznar— se hizo de forma ilegal.

«Una de las modificaciones más preocupantes», dijo, ha sido la eliminación de la disposición adicional que en su día se incluyó para garantizar que el coste de una posible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contraria a la prórroga no recayera sobre la administración autonómica, sino sobre el Estado. Con las nuevas condiciones del acuerdo aprobado en el Congreso, añadió Pedro Puy, el traspaso a Galicia de la AP-9 «ya no es viable».

Por la otra banda del espectro político, PSOE, BNG y Sumar cargaron contra el PP y la Xunta por entender que en realidad no están interesados en el traspaso de la AP-9, porque el acuerdo garantiza el mantenimiento de las bonificaciones del peaje y que el Estado asuma todos costes económicos que se deriven las decisiones tomadas mientras fuera titular de la autopista. «Dejen de mentir y torpedear el acuerdo», espetó Patricia Otero (PSOE) a los diputados populares. «Ustedes se mueven siempre en los problemas, la marrullería y el Barro», soltó.

Néstor Rego (BNG) lo tiene más claro. Si PP y Xunta están en desacuerdo es porque realmente no quieren el traspaso de la titularidad de la AP-9. Como elementos para entender esta posición, el diputado nacionalista recordó que fue el Gobierno de Aznar el que prorrogó en 2000 la concesión de la autopista hasta 2048 y el que privatizó la gestión en 200 y que el PP vetó hasta el debate de la transferencia en el Congreso. Por la tarde, Ana Pontón preguntó a Rueda su "boicoteará" la negociación en la Comisión Mixta.

Sobre la razón que ve en el PP para rechazar el acuerdo, Lago Peñas dio una explicación: «Es más fácil criticar que gobernar», opinó Manuel Lago Peñas, de Sumar.

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