La Xunta activa un protocolo para coordinar el mayor «baile de sillas» de su historia: los funcionarios que dejen su puesto tendrán tres días para instruir a los nuevos

La Xunta ha arrancado ya el proceso que obligará a 3.200 empleados públicos a cambiar de puesto. Son el 12 por ciento de toda la plantilla, de manera que se trata de la mayor movilización de personal de su historia, lo cual ha obligado al Gobierno gallego a activar un protocolo de actuación para garantizar el correcto funcionamiento de la administración mientras se produce este baile de sillas. Así, para facilitar el relevo, la Consellería de Facenda contempla que, en algunos casos, los trabajadores que se marchen permanezcan hasta tres días más en su plaza para ayudar a los que lleguen a ponerse al día. Y, en el caso de los concursos de traslados, se plantean postergar ceses hasta 20 días con la misma finalidad.

Estos cambios se producen porque coinciden en el tiempo las tomas de posesión de quienes superaron procesos de estabilización, funcionarización, promoción interna, además de los concursos de traslados. El problema es que este baile de sillas generará una elevada rotación, de manera que habrá unidades administrativas en las que se renueve a la mayoría de su personal. Esto podría afectar al normal funcionamiento de los servicios públicos.

De hecho, aunque ya se abrió el proceso para que los empleados que superaron las pruebas elijan destino, no tomarán posesión de su nueva plaza hasta el 15 de septiembre, para evitar que estos cambios masivos coincidan en verano cuando parte de la plantilla se encuentra de vacaciones.

Pero además, desde la Dirección Xeral de Emprego Público se establecerán unas pautas para minimizar posibles disfunciones. En una primera fase las Secretarías Xerais Técnicas de cada Consellería deberán identificar cuáles son las unidades administrativas donde va a haber una mayor rotación, así como las funciones críticas para mantener el normal funcionamiento de los servicios públicos.

Atención al público

En el caso de los departamentos que atiendan directamente al público, deberán elaborar un plan mínimo de actuación que detalle las funciones esenciales que no pueden quedar sin cubrir. Tendrán que designar personas de referencia dentro de cada unidad para cada uno de los procedimientos y establecer una priorización temporal de tareas a realizar en las primeras semanas de incorporación del personal.

En una segunda fase, cuando se lleven a cabo en septiembre las tomas de posesión, consistirá en garantizar «la transmisión de conocimientos» entre los empleados salientes y los que llegan nuevos. Para ello recurrirán a la «flexibilidad organizativa». Tras la toma de posesión de su nueva plaza, los trabajadores que prestaban servicios en determinadas unidades administrativas acudirán, de ser necesario, a su viejo puesto, bien sea presencialmente o de forma telemática, para ayudar a las personas que se acaban de incorporar. Esto se hará por un máximo de tres días hábiles. Es decir, aunque formalmente ya tomaran posesión en otro lugar y ya no trabajen en ese departamento, podrán permanecer allí hasta tres días.

Y, de manera excepcional, para el personal que obtenga el puesto por el concurso de traslados, y para una correcta transmisión de los conocimientos, se podrá diferir el cese «por necesidades de servicio» hasta 20 días hábiles, según el protocolo de la Xunta difundido por CSIF.

Por otro lado, la CIG denuncia «el uso de prácticas mafiosas» por parte de la Xunta en los concursos de traslados. Este sindicato explica que la Dirección Xeral de Emprego Público está llamando a personas a las que se les aprobó el traslado a otra plaza para pedirles que renuncien pues ese puesto está «judicializado» y es reclamado por otra persona. Como alternativa les proponen otros similares en la misma localidad. «Pero no siempre son tan similares como dicen, porque la distancia es bastante mayor, las funciones serían completamente distintas y, en algún caso, les ofrecieron un puesto de un nivel superior», se queja este sindicato.

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