Ayuso abre un nuevo frente con Galicia con multas a comercios gallegos por incumplir la normativa de venta «online»

Un nuevo choque con la Comunidad de Madrid ensancha la brecha abierta entre la Xunta y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Al desencuentro por la intención del Ejecutivo madrileño de reclamar a Galicia el coste de las bonificaciones al transporte de los usuarios gallegos que se muevan por la capital española, se suman ahora las multas a pequeños comercios gallegos por incumplir la normativa de venta online. Establecimientos de Vilanova de Arousa, Cambados, Foz o Viveiro han recibido notificaciones de la Administración madrileña con sanciones que ascienden hasta los 13.000 euros y el conselleiro de Emprego, José González, ha salido al paso para defender a estos comerciantes. «No vemos mala fe sino un desconocimiento de la normativa».

De hecho, al contrario de lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, el responsable de Emprego e Comercio de la Xunta advierte que en Galicia primero se «apercibe» a los comercios antes de sancionarlos «dado que estas multas pueden tener un gran impacto sobre todo si se trata de pequeños establecimientos».

Los expedientes sancionadores abiertos a comercios gallegos por parte del Gobierno de Díaz Ayuso se enmarcan dentro del Plan Sectorial de Productos Textiles, que coordina el Ministerio de Consumo. «Como un comercio con página web puede vender en todo el territorio nacional, cualquier comunidad puede actuar», alega la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.

Según explican, los incumplimientos son por no aplicar correctamente el derecho de desistimiento —14 días en los que el consumidor puede renunciar a su compra sin dar más explicaciones—, defectos en el etiquetado en los productos a la venta, limitaciones a la hora de reclamar contra la empresa vendedora o en relación con la garantía de los productos.

La notificación de la Comunidad de Madrid pilló por sorpresa a estos pequeños comercios gallegos, que deben afrontar ahora multas que alcanzan los 13.000 euros en algunos casos y que pueden llegar a poner en riesgo la supervivencia de estos establecimientos. La Federación Galega de Comercio mostró su «preocupación» ante el alcance de estos expedientes sancionadores y contactó con la Xunta para que «defienda los intereses legítimos del comercio de proximidad».

Reunión con afectados

De hecho, representantes de la Consellería de Emprego se reunieron este lunes con asociaciones de comerciantes y afectados. El conselleiro José González explica que están asesorando a los comercios sancionados de cara a la presentación de alegaciones «para minimizar y mitigar el impacto de esos expedientes».

El responsable de Emprego no cuestiona la potestad de Madrid para multarlos, pero sí las formas. Así, explica que los expedientes abiertos «son fruto de inspecciones aleatorias que tienen su origen en un plan nacional de control y que se aplica a las ventas online en cualquier comunidad autónoma». Pero aclara que en el caso de Galicia «se acostumbra a apercibir a los comercios para que corrijan los errores antes de sancionar».

En su opinión, los incumplimientos detectados en el comercio gallego «no son por mala fe» o «deliberados», sino que se deben al «desconocimiento». Por eso, González explicó que están intensificando la labor de información en el sector para que esta situación no vuelva a repetirse.

Este frente con Madrid se suma a los roces surgidos tras la decisión de la Comunidad de Madrid de vincular el sistema de descuentos en el transporte madrileño al empadronamiento o bien reclamar a las comunidades de origen de los usuarios que financien estas bonificaciones. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, plantó cara a su homóloga madrileña y compañera de partido y le exigió «reciprocidad»: si Ayuso sigue adelante, Galicia también exigirá a Madrid que abone las rebajas de las que se benefician sus ciudadanos cuando usan el transporte en la comunidad gallega.

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