Más allá de las actividades complementarias en educación: la orden de la Xunta que regula cómo funcionarán los colegios gallegos el próximo curso escolar

La regulación de las actividades complementarias en los centros escolares es una de las novedades de las instrucciones que la Consellería de Educación acaba de publicar para el curso 2026/27. Sin embargo, el documento va mucho más allá. Cada año la Xunta aprueba una resolución de este tipo para concretar cómo deben funcionar los centros sostenidos con fondos públicos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Son instrucciones que afectan al día a día de profesores, alumnos y familias y que, aunque suelen pasar desapercibidas, determinan buena parte de la organización de los colegios e institutos gallegos.

Estas son algunas de las cuestiones más relevantes que regula la nueva orden:

1. Las actividades complementarias, bajo una regulación más detallada

La nueva orden establece un mayor control sobre las actividades complementarias, es decir, aquellas que se realizan en horario lectivo y forman parte de la programación educativa, como excursiones, visitas culturales, charlas o talleres. A partir del próximo curso, todas deberán figurar previamente en la Programación General Anual del centro, ser aprobadas por el claustro e incorporarse a la planificación educativa del curso. Además, la Consellería exige que tengan una relación directa con los contenidos curriculares y con los objetivos pedagógicos de las materias en las que se enmarcan. Las actividades que surjan una vez iniciado el curso solo podrán realizarse de forma excepcional, deberán ser autorizadas por el equipo directivo y tendrán que comunicarse tanto al consejo escolar como a la Inspección Educativa. La resolución también insiste en que las actividades deben respetar los principios de objetividad, pluralidad y neutralidad institucional, un aspecto que ha generado críticas de parte de organizaciones de familias y sindicatos al considerar que podría incrementar el control administrativo sobre propuestas impulsadas por los propios centros o por entidades externas.

2. Refuerzo de la autoridad del profesorado

La resolución deja claro en que los docentes son autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Además, recuerda que los hechos constatados por un profesor gozan de presunción de veracidad y que las agresiones, amenazas o intimidaciones, incluso a través de medios digitales, pueden derivar en responsabilidades administrativas o penales. Los centros deberán comunicar de inmediato cualquier agresión a la Inspección Educativa.

Además, la resolución establece que los centros deben actuar de manera inmediata cuando se produzcan agresiones, amenazas, intimidaciones o cualquier conducta grave contra miembros del profesorado. Los equipos directivos tendrán la obligación de comunicar estos hechos a la Inspección Educativa y de adoptar las medidas que correspondan para garantizar la protección de los docentes afectados.

La Xunta recuerda también que estas situaciones no se limitan a incidentes ocurridos dentro de las aulas. Las amenazas, insultos o campañas de hostigamiento realizadas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o cualquier otro medio digital también pueden dar lugar a actuaciones disciplinarias y, en los casos más graves, a responsabilidades administrativas o incluso penales.

3. Los centros deberán actuar de forma inmediata ante cualquier sospecha de acoso

Los colegios e institutos estarán obligados a adoptar medidas para que cualquier caso de acoso sea detectado y abordado de forma inmediata. Además, al inicio de curso deberán informar a las familias y al alumnado sobre sus derechos, deberes y normas de convivencia.

La convivencia escolar es una de las prioridades del sistema educativo gallego y recuerda a los centros su obligación de intervenir desde el primer momento ante cualquier indicio de acoso, ciberacoso, violencia o conducta que pueda afectar al bienestar del alumnado.

La Xunta insiste en que la prevención debe comenzar desde el inicio del curso. Por ello, los colegios e institutos deberán informar a alumnos y familias sobre las normas de convivencia, los derechos y deberes de la comunidad educativa y los mecanismos existentes para comunicar posibles situaciones de conflicto.

La orden también recuerda que todos los centros están obligados a aplicar los protocolos específicos aprobados por la Consellería cuando exista una sospecha de acoso escolar. Esto implica abrir una investigación interna, adoptar medidas de protección para el alumnado afectado y realizar un seguimiento de la situación hasta su resolución.

Especial atención reciben los casos de ciberacoso, es decir, aquellos que se producen a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos o cualquier otro entorno digital. Aunque los hechos puedan producirse fuera del horario lectivo, los centros deben intervenir cuando tengan repercusión en la convivencia escolar o afecten al alumnado.

La resolución vincula además la prevención del acoso con la educación emocional, la igualdad, el respeto a la diversidad y el uso responsable de las tecnologías. El objetivo es que las actuaciones no se limiten a reaccionar cuando surge un problema, sino que formen parte de una estrategia permanente de convivencia en los centros educativos.

Asimismo, los colegios e institutos deberán promover un clima escolar seguro e inclusivo y prestar especial atención a los alumnos que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad, aislamiento o riesgo de exclusión.

4. Abalar, el canal para comunicarse con las familias

El profesorado de los centros públicos deberá utilizar el portal EspazoAbalar como canal corporativo de comunicación con las familias. A través de esta plataforma podrán enviarse mensajes, solicitar tutorías y justificar faltas de asistencia. Es decir, serefuerza el uso de EspazoAbalar y de la aplicación AbalarMóbil como principal canal de comunicación entre los centros educativos y las familias. La Xunta busca que buena parte de los intercambios cotidianos entre colegios, institutos y padres se realicen a través de estas herramientas digitales corporativas.

En la práctica, esto significa que las familias recibirán por esta vía avisos del centro, comunicaciones del profesorado, convocatorias de reuniones, información sobre tutorías, incidencias relacionadas con el alumnado y otros mensajes de interés académico. Los docentes disponen además de herramientas específicas para enviar mensajes individuales o colectivos y mantener conversaciones con los responsables legales de los alumnos.

La plataforma también permite consultar faltas de asistencia, calificaciones, boletines de notas e informes de evaluación, funcionalidades que la Xunta ha ido ampliando en los últimos cursos. De hecho, algunas de las novedades más recientes permiten a las familias descargar directamente documentación académica desde la propia aplicación.

El objetivo de Educación es que la comunicación quede centralizada en un entorno oficial, evitando la dispersión de mensajes a través de correos personales, aplicaciones de mensajería o canales informales. Además, el uso de Abalar deja constancia de las comunicaciones realizadas y facilita el seguimiento por parte de familias y centros.

Para muchas familias no supondrá un cambio radical porque ya utilizan habitualmente la aplicación, pero la resolución consolida una tendencia que lleva años creciendo: que la información académica relevante llegue principalmente a través del móvil y de las plataformas digitales de la Consellería.

5. Las programaciones docentes deberán ser públicas y las familias podrán saber con más claridad cómo se pone cada nota

Las familias podrán consultar con mayor facilidad qué contenidos se imparten y cómo se evalúa cada materia. La orden establece que las programaciones didácticas serán públicas y accesibles a través de la plataforma Proens para garantizar la transparencia y el derecho a una evaluación objetiva. Se trata de documentos que, aunque suelen pasar desapercibidos fuera de los centros, son fundamentales porque recogen la hoja de ruta de cada asignatura durante el curso.

En ellas se detalla qué contenidos se van a trabajar, qué competencias debe adquirir el alumnado, qué actividades se realizarán, cuáles son los criterios de evaluación y qué peso tiene cada instrumento de calificación. Es decir, permiten conocer de antemano cómo se obtendrá la nota final de una materia y qué aspectos tendrá en cuenta el profesorado para evaluarla.

La Consellería quiere que esta información sea fácilmente consultable y que no quede limitada al profesorado o a los órganos internos del centro. El objetivo es reforzar la transparencia y evitar dudas o conflictos cuando llegan las evaluaciones, ya que las familias podrán comprobar qué criterios estaban establecidos desde el inicio del curso y cómo se aplican.

Además, las programaciones deben recoger aspectos que van más allá de los exámenes tradicionales, como las situaciones de aprendizaje, los criterios de recuperación, las medidas de atención a la diversidad o los procedimientos para evaluar al alumnado que no pueda seguir la actividad ordinaria por diferentes circunstancias.

En la práctica, esto significa que un padre podrá consultar no solo qué temas verá su hijo en Matemáticas, Lengua o Historia, sino también qué porcentaje de la nota corresponde a pruebas escritas, trabajos, proyectos, actividades de aula o cualquier otro instrumento de evaluación previsto por el departamento correspondiente.

6. Media hora de lectura obligatoria al día

La nueva resolución consolida una de las grandes apuestas educativas de la Xunta: convertir la lectura en una actividad transversal que implique a todas las materias y no únicamente a las asignaturas lingüísticas. Por ello, los centros deberán reservar cada día un tiempo específico para la lectura de entre 20 y 30 minutos dentro del horario lectivo. Además, ese tiempo deberá figurar expresamente en la organización horaria del alumnado.

La medida forma parte del Plan de Lectura, Escritura y Acceso a la Información (PLEA), que busca mejorar no solo el hábito lector, sino también la comprensión de textos, la capacidad de análisis, la expresión escrita y la competencia informacional del alumnado. La filosofía del plan es que comprender un problema matemático, interpretar un gráfico, analizar una noticia o leer un texto científico también forma parte de la competencia lectora.

Los centros deberán incorporar actividades específicas de lectura en sus programaciones docentes, fijar objetivos relacionados con la comprensión lectora y evaluar periódicamente su desarrollo. La Xunta plantea que la lectura esté presente en todas las áreas del currículo, desde Lengua hasta Ciencias, Matemáticas o Educación Artística, adaptando las actividades a la edad del alumnado.

Junto a la lectura, el plan también da relevancia a la oratoria. Los colegios e institutos deberán fomentar exposiciones orales, debates, argumentaciones y presentaciones públicas para reforzar la capacidad de comunicación de los estudiantes. El objetivo final es mejorar tanto la comprensión de lo que se lee como la capacidad de explicar, defender y transmitir ideas.

7. Uso responsable de la tecnología

La resolución pide al profesorado promover un uso equilibrado y seguro de los recursos tecnológicos. La tecnología deberá utilizarse como herramienta educativa, evitando que sustituya de forma indiscriminada a otros materiales o metodologías.

La resolución insiste en que la competencia digital debe trabajarse en todas las etapas educativas, pero subraya que el uso de la tecnología en las aulas debe estar siempre al servicio del aprendizaje. El objetivo no es que los alumnos utilicen más dispositivos, sino que aprendan a emplearlos de forma crítica, segura, ética y responsable.

Los centros deberán fomentar entre el alumnado la capacidad para buscar, seleccionar y evaluar información fiable, proteger su privacidad, respetar las normas de convivencia en los entornos digitales y desarrollar una actitud crítica ante los contenidos que circulan por internet y las redes sociales. La orden también vincula el trabajo con herramientas digitales al desarrollo del pensamiento crítico y a la alfabetización mediática, es decir, a la capacidad de distinguir información contrastada de bulos o contenidos engañosos.

Además, la resolución recuerda que el uso de los recursos tecnológicos debe ajustarse a la edad y madurez del alumnado y formar parte de una planificación educativa, evitando que la tecnología se convierta en un elemento meramente instrumental o de entretenimiento. En línea con la estrategia de bienestar digital impulsada por la Xunta, se busca que los estudiantes desarrollen hábitos saludables en su relación con las pantallas y los dispositivos electrónicos.

8. Reuniones telemáticas para la organización de los centros

Los órganos de coordinación docente podrán celebrar reuniones a distancia si así lo aprueba el claustro. La Xunta fija además requisitos concretos para estas reuniones, como el uso de plataformas autorizadas y la obligación de mantener activada la cámara durante las sesiones.

La decisión no será automática. Primero deberá aprobarla el claustro del centro y, una vez autorizada esta opción, cada órgano de coordinación decidirá por mayoría si utiliza o no la modalidad telemática. Es decir, un departamento puede optar por reunirse a distancia mientras otro sigue haciéndolo presencialmente.

La Xunta también fija varias condiciones. Las reuniones deberán realizarse a través de plataformas corporativas autorizadas por Educación, como Falemos o Webex. Además, los participantes tendrán que disponer de cámara, micrófono y altavoces para garantizar su identificación durante la sesión y una participación efectiva en los debates.

Otro requisito es que los docentes se conecten desde un lugar que permita mantener una comunicación audiovisual de calidad durante toda la reunión. Los equipos directivos podrán además establecer normas adicionales para regular este tipo de encuentros, que deberán quedar recogidas en las normas de organización y funcionamiento de cada centro.

La medida tiene un objetivo práctico: facilitar la coordinación del profesorado, reducir desplazamientos innecesarios y aportar flexibilidad organizativa, especialmente en reuniones de trabajo que no requieren la presencia física de los participantes.

9. Cuatro horas obligatorias para aprender a actuar en caso de incendios o inundaciones

Una de las novedades para el próximo curso es la incorporación de formación específica en prevención y respuesta ante emergencias de protección civil. El alumnado de ESO recibirá al menos cuatro horas anuales de formación sobre esta materia dentro de las tutorías.

La finalidad de estas sesiones es que los adolescentes sepan identificar situaciones de riesgo y conozcan cómo actuar ante emergencias que pueden producirse en su entorno, desde incendios forestales o inundaciones hasta fenómenos meteorológicos adversos. También se trabajarán conceptos relacionados con la autoprotección, los sistemas de alerta y los protocolos básicos de actuación cuando se produzca una situación de peligro.

La filosofía de esta medida es similar a la que ya existe en otros países europeos: no se trata de formar especialistas en emergencias, sino de proporcionar conocimientos básicos que permitan reaccionar adecuadamente durante los primeros momentos de una crisis. La formación también pretende fomentar la cultura de la prevención y la capacidad de distinguir información fiable de rumores o desinformación en situaciones de emergencia.

10. Más control sobre los datos del alumnado con necesidades educativas

Los centros deberán revisar y actualizar la información relativa a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo para garantizar que las medidas de atención a la diversidad se ajustan a la realidad de cada alumno. Lo que busca la Xunta es que cada colegio tenga una fotografía actualizada de los alumnos que necesitan apoyos especiales para poder justificar recursos, profesorado especializado y medidas de atención a la diversidad.

La filosofía de la medida es avanzar hacia una atención más individualizada. La orden insiste en que los apoyos deben adaptarse a las necesidades reales del alumnado y no al revés. Es decir, si un estudiante necesita más recursos o, por el contrario, ya no requiere determinadas medidas, la situación deberá reflejarse en los sistemas de gestión educativa para que la respuesta del centro sea la más ajustada posible.

11. Cambios organizativos y más flexibilidad para los especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje

Los centros educativos tendrán un mayor margen para organizar el trabajo de los especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), dos figuras clave en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

La orden insiste en que estos recursos deben destinarse prioritariamente a los estudiantes que más los necesitan y que la organización de los apoyos debe responder a las características reales de cada centro. Esto permite adaptar los horarios, los agrupamientos y las modalidades de intervención a medida que cambian las necesidades del alumnado a lo largo del curso.

En la práctica, los especialistas podrán combinar la atención individual con el trabajo en pequeños grupos, así como intervenir dentro del aula ordinaria cuando se considere la opción más adecuada para favorecer la inclusión. La resolución apuesta por que los apoyos no dependan únicamente de modelos rígidos, sino que puedan ajustarse a cada situación educativa concreta.

Además, la organización de estos recursos deberá coordinarse con los departamentos de orientación y con el resto del profesorado para garantizar que las medidas de apoyo formen parte del proceso educativo general del alumno y no funcionen de manera aislada.

La filosofía de fondo es avanzar hacia una atención más personalizada y flexible, adaptando los recursos a las necesidades detectadas en cada centro y curso escolar.

12. Más digitalización en la gestión de los centros

La Consellería de Educación profundiza en el proceso de digitalización de la gestión de los centros educativos gallegos. El objetivo es que cada vez más documentos, procedimientos y trámites se elaboren, almacenen y gestionen a través de las plataformas corporativas de la Consellería de Educación, reduciendo la burocracia en papel y unificando la información.

En la práctica, documentos fundamentales para el funcionamiento de los colegios e institutos, como el proyecto educativo, la programación general anual, las programaciones didácticas, los planes de mejora o las memorias de final de curso, deberán integrarse en las herramientas digitales habilitadas por Educación. La plataforma Proens gana así protagonismo como espacio común para la planificación, seguimiento y evaluación de la actividad de los centros.

La digitalización también afecta a la relación con las familias. La Xunta sigue impulsando el uso de EspazoAbalar como canal oficial para comunicaciones, avisos, tutorías, seguimiento académico y justificación de ausencias. La intención es que buena parte de los intercambios entre colegios y familias se realicen por vía telemática y queden registrados en un entorno corporativo.

¿Por qué se publica esta orden cada año?

Aunque muchas familias lo desconocen, estas instrucciones se aprueban antes de cada curso para adaptar la organización de los centros a la normativa educativa vigente y concretar cuestiones prácticas que no aparecen detalladas en las leyes o decretos generales. Son, en la práctica, el manual de funcionamiento con el que trabajarán colegios e institutos gallegos durante todo el año académico.

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