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Ayudas

La Xunta recela del aumento estatal para dependencia, espera a ver la «letra pequeña» y denuncia una deuda con Galicia

Critica que la financiación estatal para la dependencia ha pasado del 34% al 32% y que el gobierno adeuda 3.000 millones de euros

El Ministerio alega que ahora se cumplirá con la financión del 50%, que era un compromiso político compartido

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en el Parlamento gallego.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en el Parlamento gallego. / Xoan Álvarez

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Elena Ocampo

Elena Ocampo

Vigo

La medida anunciada este martes de doblar las ayudas a la dependencia ha abierto de inmediato una nueva refriega política entre la Xunta y el Gobierno central. La conselleira de Política Social, Fabiola García, cuestionó la credibilidad del anuncio y sostuvo que la evolución real de la financiación estatal ha ido en sentido contrario al comprometido. «En lugar de aumentar, reduce cada año su aportación, pasando del 34% en el año 2024 al 32% en el año 2025», afirmó.

La Xunta introduce además un argumento de agravio territorial y acusa al Gobierno de crear «dependientes de primera y de segunda» por haber comprometido el 50% de financiación en el País Vasco mientras, según su versión, mantiene una deuda creciente con Galicia. Según el Ejecutivo gallego, esa diferencia habría generado una deuda superior a los 3.000 millones de euros con las personas mayores y dependientes de Galicia.

Fuentes del Ministerio rechazan esa interpretación y sostienen que «es falso que se deba ni un euro». Subrayan que el 50% no figura como obligación legal consignada, sino como un compromiso político de financiación compartida que, aseguran, «estamos cumpliendo hoy». Desde el Ministerio recuerdan también que el reparto incorpora criterios ligados al desempeño autonómico, como la reducción de listas de espera o la mejora en la regulación de las ayudas.

El ministro Pablo Bustinduy enmarcó la decisión como parte de una reforma más amplia y confía en que exista consenso para convalidar el real decreto y avanzar en paralelo en la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, ya en trámite parlamentario. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros defendió que se trata de una «inversión sin precedentes» para «refundar» el sistema y replicó a las críticas de los gobiernos autonómicos del PP: «No me esperaba que el PP fuera a salir a celebrar y felicitarme, aunque sí les diría que, aunque sea en privado, que se alegren por su país por las noticias positivas».

Según Bustinduy, a partir del 1 de julio las comunidades recibirán más fondos para reducir esperas, contratar personal, mejorar condiciones y ampliar servicios como los cuidados a domicilio.

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