El Gobierno duplicará la financiación que da a la Xunta para ayudar a los grandes dependientes

El Gobierno central aprobó este martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley con el que plantea la mayor inyección económica en el sistema de dependencia desde su creación. La medida supone 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 y modifica el nivel mínimo de protección, es decir, la cuantía que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia.

El cambio tiene una incidencia directa para Galicia, aunque la Xunta evita por ahora concretar cómo aplicará esos fondos hasta conocer la letra pequeña de la norma cuando sea publicada en el BOE. Según el Ministerio de Derechos Sociales, las comunidades empezarán a recibir más recursos a partir del 1 de julio, con un incremento especialmente relevante en los grados de mayor dependencia.

En el grado III, gran dependencia, la aportación estatal pasará de 290 a 660 euros al mes, un 128% más. En el grado II, dependencia severa, subirá de 130 a 260 euros, el doble. En el grado I, dependencia moderada, aumentará de 76 a 90 euros.

El Ejecutivo central calcula que su aportación total al sistema alcanzará los 5.513 millones de euros en 2026 y los 7.239 millones en 2027, año en el que aspira a financiar el 50% del gasto total de la dependencia. Derechos Sociales defiende que la medida permitirá a las autonomías reducir listas de espera, contratar más personal, mejorar condiciones laborales, ampliar la ayuda a domicilio, reforzar centros de día y consolidar servicios como la teleasistencia.

Pero en Galicia la recepción del anuncio ha sido abiertamente escéptica. La Consellería de Política Social sostiene que prefiere "esperar a la publicación del real decreto ley en el BOE antes de valorar su alcance real y concretar el destino de los fondos", en palabras de la conselleira Fabiola García. El Gobierno gallego mantiene que el Estado ha reducido su peso en la financiación del sistema y reclama garantías sobre el reparto efectivo de los nuevos recursos.

Las patronales de la dependencia lo celebran

Las patronales del sector de la atención a la dependencia AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES han celebrado el aumento de la financiación estatal, pero reclaman que el refuerzo presupuestario se traduzca ahora en «medidas concretas» por parte de las comunidades autónomas, competentes en la gestión. Las organizaciones piden que los nuevos recursos permitan mejorar la calidad asistencial, reforzar las condiciones laborales de los trabajadores y consolidar la red de atención. También advierten de que la inyección debe suponer un incremento neto de la financiación destinada a dependencia y cuidados, sin quedar compensada por recortes o reducciones en las aportaciones de otras administraciones.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, enmarcó la decisión como parte de una reforma más amplia del sistema y defendió que se trata de una «inversión sin precedentes» que permitirá «refundar» la atención a la dependencia en España. Además, confía en que exista consenso parlamentario para convalidar el decreto y avanzar en paralelo en la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, ya en tramitación.

Este impulso financiero llega en un contexto de presión creciente sobre el sistema, con miles de personas aún en lista de espera en toda España y con las comunidades reclamando desde hace años una mayor implicación económica del Estado para sostener el modelo.

El real decreto ley deberá ahora ser publicado en el BOE y, después, convalidado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días. Ese trámite marcará también el recorrido político de la medida: puede quedar aprobada tal cual, tramitarse como proyecto de ley con enmiendas o decaer si no logra respaldo parlamentario.

Mientras tanto, la Xunta se sitúa en compás de espera. El anuncio abre la puerta a más financiación estatal para dependencia, pero el Gobierno gallego no precisa todavía si esos recursos se traducirán en mayores cuantías para las personas beneficiarias, en una reducción de la lista de espera o en más servicios y personal para el sistema autonómico.

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