La Xunta mete en la 'nevera' la reforma del seguro deportivo que iba a subir hasta 100.000 euros la indemnización por accidente: espera la regulación estatal

La reforma con la que la Xunta pretendía actualizar las coberturas mínimas de los seguros obligatorios ligados a la práctica deportiva en competiciones federadas, universitarias o escolares ha pasado a una situación de hibernación. El Gobierno gallego inició en mayo del pasado año el procedimiento para elaborar un decreto propio con el objetivo de elevar la protección de los deportistas y ofrecer una mayor seguridad jurídica, pero de momento lo mantiene en la 'nevera'.

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes había puesto sobre la mesa una modificación de calado. El proyecto sometido a información pública haced más de un año planteaba incrementar de forma sustancial las indemnizaciones vigentes, fijadas todavía en un real decreto de 1993. La propuesta autonómica contemplaba elevar hasta 100.000 euros la compensación máxima en caso de gran invalidez derivada de un accidente deportivo y hasta 30.000 euros la correspondiente al fallecimiento. Las cuantías estatales actuales son de 12.000 y 6.000 euros, respectivamente, lo que suponía multiplicar por más de ocho la primera y por cinco la segunda.

La Xunta defendía entonces que el fin de la reforma era «asegurar y dar la mayor cobertura posible» a los deportistas, además de dotar al sistema de una mayor garantía jurídica. La Administración autonómica partía de la premisa de que el marco vigente había quedado desfasado después de más de tres décadas sin una actualización real de las prestaciones mínimas. De hecho, el propio real decreto de 1993 ya preveía que las cuantías indemnizatorias se revisasen a los tres años de su entrada en vigor, una actualización que nunca llegó a realizarse.

El debate, sin embargo, dio un doble giro de guion en 2025. La redacción original del artículo 23.3 de la Ley estatal 39/2022 del Deporte establecía que la cuantía de las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo debía ser, como poco, la del baremo previsto para la valoración de los daños y perjuicios causados en accidentes de tráfico. Esa referencia fue cuestionada por parte del sector federativo y de distintos grupos políticos, que alertaban de que su aplicación podía provocar un encarecimiento muy elevado de las pólizas y dificultar la viabilidad de muchas competiciones y licencias.

En julio de 2025, el Estado modificó ese artículo y eliminó la remisión directa al baremo de tráfico. La nueva redacción establece que las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo deberán garantizar de forma suficiente la práctica deportiva, tener en cuenta las lesiones de mayor gravedad y ser fijadas mediante reglamento, con una actualización ajustada a la naturaleza del seguro de accidentes. La misma reforma introdujo una disposición final que obliga al Gobierno central a desarrollar reglamentariamente el artículo 23.3 en el plazo de seis meses desde la publicación de la Ley 5/2025. Superado ampliamente ese plazo, todavía nada se sabe de esa regulación pendiente.

Ese cambio ha llevado a la Xunta a mantener abierto el expediente autonómico, pero condicionado a la nueva normativa estatal. La Administración gallega sostiene que, ante la nueva situación, resulta necesario esperar a que el Estado concrete el reglamento del seguro deportivo obligatorio para poder aprobar una regulación propia «conforme y consonante» con las previsiones estatales. La intención, según fuentes autonómicas, es optar por la solución que resulte más beneficiosa para los deportistas gallegos.

Porque el punto de partida sigue siendo el de superar un sistema de coberturas diseñado hace más de treinta años y que no responde plenamente a la realidad actual del deporte federado, universitario y escolar. La práctica deportiva se ha extendido, las competiciones se han multiplicado y la preocupación por la seguridad de los participantes ha adquirido un peso mayor tanto para las administraciones como para las familias, clubes y federaciones, si bien, hay discrepencias a la hora de poner cifras a las indemnizaciones en caso de accidente.

Así que la reforma gallega ya no puede avanzar mientras el Gobierno central no mueva ficha. Porque el margen autonómico dependerá en buena medida de cómo se definan finalmente las prestaciones mínimas, los límites de cobertura y la actualización de las indemnizaciones. Mientras tanto, continúa vigente el régimen reglamentario de 1993, con unas prestaciones mínimas que han sido objeto de crítica por su antigüedad y por la falta de revisión acumulada durante décadas.

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