Hacienda obliga a otra veintena de concellos gallegos a corregir su desfase presupuestario por el aumento de los gastos

La vuelta de las reglas fiscales sigue dejando deberes en los ayuntamientos gallegos. Después de que el Ministerio de Hacienda exigiese a 79 concellos y a la Diputación de Lugo la elaboración de planes económico-financieros por los incumplimientos detectados en la liquidación de los presupuestos de 2024, el control se extiende ahora a otra veintena de municipios de la comunidad. En este caso, la obligación deriva de los desfases advertidos en la liquidación de las cuentas de 2025 y afecta a 20 concellos, que deberán diseñar planes de corrección para los ejercicios 2026 y 2027.

La exigencia se enmarca en la recuperación de la disciplina fiscal tras los años en los que las administraciones públicas pudieron operar con mayor margen de gasto. La pandemia provocada por el covid en 2020 y, posteriormente, el impacto económico de la guerra de Ucrania llevaron a relajar temporalmente los controles presupuestarios, siguiendo las recomendaciones europeas, para permitir a las administraciones responder con más capacidad a un escenario de crisis mundial excepcional. Superada esa etapa (aunque la guerra de Ucrania sigue), Hacienda retomó la vigilancia sobre la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto de diputaciones y ayuntamientos.

Los nuevos requerimientos afectan a municipios de las cuatro provincias gallegas, aunque con mayor presencia en Pontevedra y A Coruña. En la provincia pontevedresa deberán elaborar planes económicos-financieros los concellos de Pazos de Borbén, Salceda de Caselas, Cerdedo Cotobade, Vilaboa, Ponte Caldelas, Moaña y Mos. En A Coruña figuran Ferrol, Sobrado, A Capela, Neda, Cerdido y Ortigueira. En Lugo, la obligación alcanza a Monforte de Lemos, As Nogais y Guitiriz, mientras que en Ourense afecta a Vilariño de Conso, Bande, Toén y Petín, según la relación difundida por el Ministerio de Hacienda.

La obligación no implica la existencia de una situación de insolvencia, sino el incumplimiento de alguna de las reglas fiscales que vuelven a condicionar la gestión municipal. Estos desajustes pueden producirse, entre otros motivos, cuando una administración incrementa sus gastos por encima del límite permitido sin que ese aumento esté respaldado por ingresos ordinarios estables, o cuando las partidas de gasto superan la capacidad real de financiación de las arcas locales. En ambos casos, Hacienda exige la aprobación de un plan que permita reconducir la situación en los ejercicios siguientes, detallando las medidas con las que pretende volver a la senda de cumplimiento.

¿Qué es lo que tiene que hacer? Cada municipio aporta su receta, pero la más común es limitar el uso que hacen del remanente de tesorería para afrontar gastos generales, algo que en principio no se debería hacer. Otras medidas propuestas por las entidades locales son comprometerse a pagar a los proveedores en plazo, programar inversiones para las cuales se cuenta con financiación aportada por otra administración pública, restringir la contratación de personal (solo incorporar trabajadores en caso de necesidad inaplazable en los servicios esenciales), mayor control sobre el gasto corriente o comprometerse a mejorar los ingresos propios mediante tasas.

Esta nueva lista con 20 municipios se suma al amplio grupo de entidades locales gallegas que ya habían sido requeridas por los incumplimientos detectados en la ejecución presupuestaria de 2024. Aquella primera relación situaba a A Coruña como la provincia con más concellos afectados, con 37 municipios, seguida de Lugo, con 20 ayuntamientos y su diputación; Ourense, con 14; y Pontevedra, con ocho. Entre los municipios incluidos entonces figuraban, entre otros, A Coruña, Arteixo, Oleiros, Carballo, Ribeira, Sada, Betanzos, Sanxenxo, Cambados, A Guarda, O Barco de Valdeorras, Celanova, Ribadeo, Sarria o Foz.

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