El Congreso pisa el acelerador con la ley para transferir la AP-9 a Galicia: se debatirá ya la próxima semana en el pleno

El Congreso ha acelerado la tramitación de la ley para transferir la gestión y la titularidad de la AP-9 a la Xunta, y ha decidido incluir el debate y la votación de esta norma en el pleno de la próxima semana, según consta en el orden del día al que ha tenido acceso Europa Press. Nunca esta iniciativa, que va ya por su cuarto intento, había llegado tan lejos en el proceso de tramitación porque tanto el PP como el PSOE, dependiendo de quien estuviera en Moncloa, la bloqueaban para impedir la transferencia.

Este martes se reunió la Comisión de Transportes para aprobar el informe de la ley de la AP-9, que salió adelante pese al rechazo de PP y Vox. Ahora, la norma continúa su tramitación parlamentaria y previsiblemente quedará aprobada el próximo jueves en el Congreso y se remitirá al Senado.

La ley surge del Parlamento de Galicia y se desbloqueó su tramitación hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta, algo a lo que el PSOE se oponía inicialmente. Pero ese acuerdo supuso el desmarque del PP por entender que se rompe con lo votado en el Parlamento gallego y que las nuevas condiciones suponen una carga económica para la hacienda gallega.

El nuevo texto que surgió tras el acuerdo entre los partidos de izquierdas dio pie a una proposición de ley orgánica, que sigue su tramitación en las Cortes hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central. Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación con la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista. También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, "singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria"; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

El PP, por su parte, hace una lectura bien distinta del pacto al que llegaron PSOE, BNG y Sumar, que lo considera una «traición» al acuerdo previo del Parlamento gallego. Los populares alegan que han desaparecido condiciones como que el Gobierno central se haga cargo de las obras pendientes en la AP-9, que se elimine la subida del 1% de los peajes hasta el 2038 para pagar las obras de ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago; que se cuente con fondos estatales para ampliar las actuales bonificaciones; o que en caso de que la UE declare ilegal la prórroga de la concesión hasta el año 2048, sea el Estado el que tenga que asumir los costes de indemnización a Audasa. La ampliación del contrato que ahora debe determinar sobre su legalidad el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la aprobó en su momento el Gobierno del PP de José María Aznar.

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