El TSXG lleva al Constitucional la rebaja de protección del lobo en el norte de España

El lobo vuelve a los tribunales, pero esta vez la discusión va más allá de si debe cazarse o no al norte del Duero. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decidido elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma legal que rebajó la protección de la especie, introducida mediante la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Es decir, el auto del TSXG desplaza el foco. Hasta ahora, el debate público se ha contado muchas veces como un choque entre ganadería extensiva y conservación del lobo. La resolución lo lleva a otro terreno: si una mayoría parlamentaria puede usar una ley ajena al asunto —la de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario— para alterar el régimen de protección de una especie sin pasar por los filtros técnicos, científicos y de participación pública previstos para el LESPRE.

La clave del paso actual está, precisamente, en el camino elegido antes. La modificación nació en el Senado a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular (PP) —la número 106— que alteraba el anexo del Real Decreto 139/2011 para mantener al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial solo en las poblaciones situadas al sur del Duero.

En la práctica, eso dejaba fuera del LESPRE a las poblaciones del norte de España, donde se concentra buena parte del conflicto con la ganadería extensiva. La iniciativa salió adelante después con el apoyo parlamentario de VOX y de otros grupos conservadores, en una votación que convirtió una ley contra el desperdicio alimentario en el vehículo para cambiar el estatuto jurídico de ese gran carnívoro.

¿Generación de residuos y pérdida de carne?

La justificación de la enmienda conectaba los ataques al ganado con la generación de residuos y pérdida de carne. Junto a esa reforma se introdujo otra pieza sensible: la posibilidad de justificar autorizaciones excepcionales de extracción y captura de lobos y otras especies depredadoras por razones de «eficiencia del sistema productivo».

Ahí es donde el TSXG ve ahora el posible problema constitucional. Los magistrados no niegan que una ley tenga rango suficiente para modificar una norma reglamentaria. Lo que cuestionan es que se haya utilizado una ley ajena al régimen de conservación de especies para eludir el procedimiento ordinario de modificación del LESPRE, que exige trámites administrativos, informes técnicos, evaluación científica y participación pública.

El tribunal gallego advierte de una posible utilización del rango legal como atajo para evitar las garantías previstas en la normativa ambiental. En otras palabras: no discute solo el fondo de la decisión, sino la forma en que se adoptó. Y esa forma puede tener consecuencias sobre la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia ambiental y el principio de no regresión en la protección de la naturaleza.

El contencioso contra la Xunta, suspendido provisionalmente

Por tanto, el TSXG también suspende provisionalmente las actuaciones del procedimiento contencioso-administrativo iniciado por dos asociaciones ecologistas contra la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad.

Para las organizaciones recurrentes, el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecoloxistas en Acción, el auto abre una vía que trasciende el caso gallego: sostienen que el Constitucional puede fijar un precedente frente a reformas ambientales introducidas por cauces ajenos a su materia y sin las garantías técnicas y de participación exigibles.

Sus representantes celebran que el TSXG haya puesto el acento tanto en el contenido de la rebaja de protección como en el procedimiento seguido, al considerar que la enmienda incorporada en el Senado a una ley sobre desperdicio alimentario pudo servir para esquivar el control científico y administrativo ordinario. Las entidades anuncian que mantendrán la presión jurídica y social, también en el ámbito europeo, para que la gestión del lobo se apoye en criterios científicos y para que, si el Constitucional admite y estima la cuestión, queden sin cobertura los preceptos que permitieron rebajar su protección al norte del Duero.

Mientras y para el rural, la decisión prolonga la incertidumbre. Los ganaderos que reclaman herramientas eficaces frente a los daños del lobo siguen sin una respuesta estable. Para las organizaciones conservacionistas, en cambio, el auto confirma su tesis de que la rebaja de protección no podía tramitarse como una derivada menor de una ley alimentaria. El Constitucional deberá decidir ahora si el lobo salió del LESPRE por una vía legítima o por la puerta de atrás.

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