La ley para transferir la AP-9 a Galicia avanza en el Congreso con el rechazo del PP que la tilda de «pacto de traidores»

La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado este martes el informe de la ponencia de la ley para transferir la gestión y la titularidad de la AP-9 a Galicia. La iniciativa ha salido adelante con el único rechazo de PP, por considerarla incompleta, y Vox, por lo que continúa su tramitación en las Cortes y se eleva al pleno de la Cámara Baja en lo que es un paso más del todavía largo recorrido que le queda por delante para la eventual transferencia de la autopista. Los populares han advertido, en todo caso, de «serios indicios de inconstitucionalidad».

La propuesta que nació por unanimidad en el Parlamento de Galicia se desbloqueó hace tan solo unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión, sino también —algo de lo que estaban en contra los socialistas— el traspaso de la titularidad de la vía a la Xunta, aunque con unas condiciones que suscitaron el rechazo del PP por entender que se hacía con cargas económicas para las arcas autonómicas. El acuerdo entre las tres formaciones de izquierdas llegó el día anterior a que se reuniera la ponencia para validarlo e introduce cambios con respecto a la propuesta inicial aprobada por unanimidad por el Parlamento gallego. Ahora, este martes se ha ratificado la ponencia y se ha aprobado el informe, rechazando los reparos del PP, para que la ley de la AP-9 continúe su itinerario parlamentario, primero al pleno del Congreso y luego, al Senado.

El diputado gallego del PP Celso Delgado ha señalado como indicios de inconstitucionalidad que el texto finalmente aprobado obliga al Estado y Galicia a negociar después las condiciones concretas del traspaso en la Comisión Mixta de Transferencias, lo que considera un procedimiento «incorrecto».

Ha censurado que se haya producido un «cambio total» de la ley orgánica aprobada en su día por el Parlamento gallego, porque mientras esta era es un texto «completo y garantista», en el transaccionado por el PSOE, Sumar y el BNG desaparecen disposiciones «claves» como las que se referían a las obligaciones económicas que asumía el Estado, incluidas aquellas que se produjeran ante una eventual nulidad de la prórroga del peaje hasta 2048. Para el PP, el acuerdo alcanzado es un «pacto de traidores» porque rebaja la pretensiones del Parlamento gallego.

La socialista Patricia Otero ha destacado el «gran consenso» alcanzado entre PSOE, Sumar y BNG para «conquistar de una vez» que Galicia sea titular de la autopista, ha criticado al PP por votar lo contrario en el Congreso que en el Parlamento gallego y «tratar de boicotear» el acuerdo tripartito con «mentiras».

«Dejen ya de engañar, de poner palos en las ruedas y de una vez por todas digan si quieren la titularidad de la AP-9 para Galicia», ha retado Otero al PP, al que ha acusado de «tener mucha cara» por decir que trabajan para conseguir esta transferencia y, sin embargo, votar en contra.

El representante de Sumar José Manuel Lago ha asegurado que el texto finalmente aprobado «respeta la competencia de la Xunta de Galicia» y «no es una concesión».

Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha manifestado que la «solución» transaccional del PSOE, Sumar y su partido «cumple todos los criterios acordados por el Parlamento de Galicia en varias ocasiones», entre ellos la transferencia de la titularidad de la infraestructura y de las competencias de gestión.

También, ha continuado, la obligación del Estado sobre las responsabilidades de las decisiones que adoptó en su día y la garantía de que si se llega a producir la anulación de la prórroga «ilegal» del 2000 quien deberá indemnizar es la Administración del Estado, lo que supone a su juicio una «salvaguarda absoluta» para la administración gallega.

Contenido del dictamen

El dictamen aprobado determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, «singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria»; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los límites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer «la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados».

En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, «todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso».

Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad Autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y «cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga».

Reacción de la Xunta

Por su parte, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha tildado de «transferencia outlet» la ley para traspasar la autopista AP-9 a Galicia. En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las obras de la promoción de 14 viviendas públicas en Xuxán, la conselleira ha pedido «que opere el sentido común» en torno a este asunto y volver así al texto «original».

«Lo que hoy se debate en la comisión de transportes en Madrid nada tiene que ver con la transferencia aprobada en el Parlamento gallego», ha criticado. A su juicio, Bloque y PSOE «pretenden» que Galicia asuma costes que «no le corresponden».

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