La comisión que diseñará la «gran arquitectura» de la selectividad en Galicia estará adscrita a la Consellería de Educación

Las incidencias registradas este año en la PAU alentaron a la Xunta en la necesidad de la reforma que tenía prevista para selectividad y dar «un paso adelante», siendo «parte de la solución», para «minimizar riesgos», como defendió este lunes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

No obstante, la Administración gallega ya había hecho pública su intención de repensar el sistema antes de que se realizasen los exámenes y entonces su principal objetivo era avanzar hacia un modelo «común» de selectividad en todo el Estado que asegurase las «condiciones de igualdad» del alumnado gallego de cara a competir en un mapa universitario de distrito único.

El Gobierno gallego, que trasladará a las universidades de forma «inmediata» su propuesta, que espera «consensuar», no pierde de vista ese objetivo, tal y como indicó este lunes Rodríguez. «Hay una parte común» en el temario de la PAU que «se puede y debe coordinarse» para avanzar hacia un modelo más homogéneo, insistió ayer, apuntando que en 2028 podrían implementarse medidas en esa dirección.

En general, y de cara a avanzar en una «mayor corresponsabilidad» de la Xunta en las PAU, la reforma incluye la creación de una nueva estructura de coordinación institucional con dos patas, una comisión organizadora y otra técnica, en donde estarían representadas Xunta y universidades.

El rol de la CiUG

Según explican desde el Ejecutivo gallego, la comisión organizadora sería la encargada de diseñar «la gran arquitectura» de la PAU, estableciendo «criterios comunes», «supervisando» el funcionamiento de los grupos de trabajo y «garantizando la aplicación homogénea de la normativa». Se complementaría con una comisión técnica que se ocuparía de la logística del examen y que formaría parte también de la comisión organizadora.

Ahí se aprovecharía la experiencia de la CiUG, cuyo buen hacer fue reivindicado por las universidades alegando el trabajo del organismo desde su creación en 1993, con más de medio millón de estudiantes evaluados. En ese sentido, la Administración gallega explia que la CiUG, a través de esta comisión técnica, «seguiría desempeñando las funciones que venía asumiendo hasta ahora». «Continuará siendo la responsable de la elaboración, custodia, distribución y corrección de las pruebas de la PAU», sostiene la Xunta. De esa forma, añade, «se mantiene la experiencia acumulada por la CiUG durante años y se le suma la de la Administración en procesos similares», al tiempo que «se integra en un marco más coordinado y estructurado que permita reforzar las garantías del sistema».

La propuesta de revisión

Respecto a por qué la Xunta desoyó la propuesta realizada desde las universidades hace dos años para aplicar una doble revisión, el conselleiro alegó que la propuesta «no era viable tal y como estaba planteada» desde un punto de vista jurídico y técnico. Desde el primer punto de vista, aseguró que «nada impedía, ni nada impide, a ningún grupo de trabajo que se pueda hacer una doble verificación». De hecho, dijo, se hace en algunos grupos y lo que la Xunta pretende ahora es «extenderla a todos los grupos, que se haga siempre», de forma «protocolizada».

Técnicamente, añadió, no era viable porque se planteaba que fuese un inspector el que participase en esa validación, lo que «no tiene sentido», apuntó el conselleiro, dado que los inspectores son un personal «generalista», no son «especialistas en un área».

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