Galicia, Asturias y Castilla y León piden una reunión con Bruselas por los peajes de la AP-9 y la AP-66

Los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León han dado un nuevo paso en su ofensiva institucional contra la prórroga de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66. Los tres ejecutivos autonómicos han remitido este viernes una carta al vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, para solicitar una reunión en la que trasladar personalmente su rechazo a la prolongación de estos peajes y reclamar una resolución ágil del procedimiento abierto por Bruselas.

La iniciativa se enmarca en los compromisos asumidos en la llamada Declaración de Compostela, suscrita este jueves por los gobiernos autonómicos y organizaciones empresariales del noroeste peninsular. En ese documento, las partes acordaron impulsar una estrategia coordinada ante las instituciones europeas con el objetivo de acelerar la respuesta comunitaria sobre unas concesiones que consideran lesivas para los intereses económicos y sociales de sus territorios.

Según ha informado el Gobierno del Principado de Asturias, la misiva está firmada por los responsables de infraestructuras y movilidad de las tres comunidades. En ella, los ejecutivos expresan su preocupación por la duración del expediente iniciado por la Comisión Europea en septiembre de 2021, que continúa abierto después de que Bruselas emitiera en julio de 2025 un dictamen motivado sobre el caso.

En dicho dictamen, el Ejecutivo comunitario señaló que las prórrogas de las concesiones de la AP-66, conocida como autopista del Huerna, y de la AP-9 se habrían aprobado sin licitación pública, lo que podría resultar incompatible con el Derecho de la Unión Europea. Para las tres comunidades, la falta de una decisión definitiva mantiene una situación de incertidumbre jurídica sobre dos infraestructuras que consideran estratégicas para la vertebración del noroeste peninsular.

Los gobiernos autonómicos advierten de que esta situación tiene consecuencias económicas, sociales e institucionales. A su juicio, la prolongación del procedimiento afecta tanto a la competitividad de las empresas como a la movilidad de los ciudadanos, especialmente en territorios donde estas vías desempeñan un papel esencial en las comunicaciones internas y con el resto de España.

El Principado de Asturias ha subrayado, además, su preocupación por la falta de acceso a información relevante sobre el expediente europeo. Según sostiene el Ejecutivo asturiano, esta limitación dificulta el seguimiento del caso y reduce la capacidad de las administraciones afectadas para defender los intereses de la ciudadanía.

La petición de reunión con la Comisión Europea busca trasladar de forma directa las consecuencias de la prolongación del proceso y reclamar que las instituciones comunitarias adopten las decisiones necesarias para garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión.

La iniciativa conjunta se produce después de la reunión celebrada este jueves en Santiago de Compostela y tras la decisión del Gobierno de Asturias de autorizar, el pasado lunes, la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. El objetivo de esta acción judicial es solicitar la nulidad de la prórroga del peaje de la autopista del Huerna hasta 2050.

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