Los datos son la nueva moneda de cambio: Competencia vigilará que las pymes gallegas no queden atrás ante las grandes plataformas digitales

En un mundo cada vez más digital, los datos se han convertido en uno de los activos económicos más críticos del mercado. Son, sin lugar a dudas, la nueva moneda de cambio, especialmente en servicios supuestamente gratuitos, que en realidad se pagan con información personal. Este contexto genera una interacción clara entre la protección de datos y el derecho de la competencia a la hora de evitar monopolios y asegurar el libre mercado. Una cuestión que en Galicia, con un ecosistema empresarial especialmente atomizado, formado sobre todo por pequeñas y medianas empresas que dependen de grandes plataformas digitales, gana especial relevancia. Por ello la Comisión Galega da Competencia (CGC) ha publicado un informe en el que establece los criterios para vigilar su uso por parte de estos grandes operadores, como peden ser plataformas comercio electrónico o portales de reservas turísticas, para que las empresas gallegas no estén en desventaja.

El derecho a la competencia busca garantizar que las empresas concurran en el mercado en igualdad de condiciones, evitando abusos o posiciones dominantes. Este es precisamente el ámbito de actuación de la CGC — investigar y sancionar conductas restrictivas de la competencia en Galicia y emitir informes y recomendaciones—, que recuerda que una infracción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) por sí misma no implica una infracción del derecho de la competencia. Para ello debe haber un uso abusivo de datos, que puede llegar a crear barreras de entrada y reducir la capacidad de innovación regional.

Ese riesgo adquiere una dimensión específica en Galicia, donde el informe constata un mercado caracterizado por pymes y sectores estratégicos como el textil y el turismo que dependen de la intermediación de grandes plataformas tecnológicas. Estas, al tener el control de los datos, pueden decidir quién accede al mercado y bajo qué términos, y la CGC entiende que debe integrar «de forma inmediata» la protección de datos en el análisis de las barreras de entrada. En este sentido, merecen especial atención los datos vinculados al turismo digitalizado, el comercio electrónico o los servicios financieros digitales, entre otros.

Se establecen así cuatro condiciones que deben concurrir para que Competencia pueda intervenir: que el control de los datos altere la configuración de la oferta y la demanda; que su acumulación impida que nuevos competidores, especialmente pymes gallegas, entren al mercado en condiciones de igualdad; que se impongan condiciones injustas a los usuarios o se expulse a competidores del mercado; y que el daño a la competencia sea demostrable y no solo hipotético.

El objetivo no es otro que adaptar su actuación al paradigma creado por el nuevo modelo socioeconómico basado en intermediarios digitales, conocido como economía de las plataformas, toda vez que, tal y como concluye el informe, «el tratamiento de datos es un elemento indisolublemente ligado a la rentabilidad económica del modelo de negocio digital».

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