Los sindicatos se movilizan contra la Xunta por el «recorte de derechos» en la Administración gallega

Centenares de empleados públicos de la Administración gallega se concentraron este miércoles ante la sede de la Xunta en Santiago de Compostela para protestar contra lo que CCOO, CSIF y UGT consideran una política de «recorte de derechos» y de deterioro progresivo de los servicios públicos en Galicia. La movilización, convocada de forma conjunta por las tres organizaciones sindicales, abre una campaña de protestas que, según advierten, continuará en los próximos meses si no cambia la actitud del Gobierno autonómico.

Los sindicatos acusan a la Administración gallega de actuar «por imposición» y de mantener una «ausencia real de negociación colectiva» en materias que afectan al conjunto del personal empleado público. Las centrales denuncian una «falta de voluntad real» para alcanzar consensos y un «desprecio continuo» a las propuestas sindicales, lo que, a su juicio, debilita las relaciones laborales dentro de la Xunta.

Entre los ejemplos que citan figura la reforma del decreto de listas de contratación temporal, aprobada pese al voto en contra de las tres organizaciones presentes en la negociación. CCOO, CSIF y UGT sostienen que esta modificación reduce garantías y derechos del personal afectado. También señalan el «caos» en la resolución de procesos selectivos, concursos de traslados, ofertas públicas de empleo y procesos de estabilización, con retrasos, falta de transparencia y una gestión que, aseguran, genera «inseguridad e incertidumbre» entre miles de aspirantes y empleados públicos.

Incendios

Otra de las críticas se dirige a la decisión de devolver a Seaga la gestión de brigadas para la prevención y defensa contra incendios forestales, después de que en 2019 la propia Xunta hubiese integrado esos efectivos en el Servizo de Prevención de Incendios Forestais de la Consellería do Medio Rural.

Las centrales reclaman la suspensión de la reforma del decreto de listas, la resolución definitiva de los procesos pendientes con «máxima seguridad jurídica» y el refuerzo del personal del servicio de incendios forestales bajo gestión directa de la Consellería de Medio Rural. Además, exigen la implantación de la jornada de 35 horas, la apertura de un nuevo acceso extraordinario a la carrera profesional, el desarrollo del grupo B de clasificación profesional, mejoras en promoción interna y empleo público, y la aplicación real del concurso abierto y permanente.

CCOO, CSIF y UGT también reclaman ampliar los coeficientes reductores a otras especialidades y categorías de los servicios de extinción de incendios, medio ambiente o guardacostas, así como abrir mesas pendientes para abordar las condiciones del personal no docente de educación, medio ambiente, política social y Medio Rural.

Los sindicatos defienden que la protesta no solo busca mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, sino también garantizar unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía gallega. «La defensa de los derechos del personal empleado público es también la defensa de unos servicios públicos al servicio de toda la sociedad», subrayan.

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