Las incidencias en selectividad no son novedad en Galicia: ya hubo errores en 2025, en 2024 o en 2019

Profesorado de Historia de España se queja del examen de la PAU. Un titular en esa línea, idéntico al de la convocatoria de este año, se publicaba también en junio, pero de 2025. Entonces docentes de centros educativos gallegos suscribían una queja contra el ejercicio de carácter competencial que abría la prueba, en consonancia a las instrucciones del Gobierno central.

Lo que se puso en cuestión fue una pregunta cuyo esquema se ha replicado este año y que pide al alumnado corregir errores en un texto histórico. Los profesores alegaban en la queja formal trasladada a la CiUG que el enunciado no indicaba cuántos fallos debían ser detectados, como figuraba en el modelo de examen colgado, y que algunos conceptos no se correspondían con el nivel de 2º de Bachillerato, una de las críticas que repitieron en la convocatoria recién celebrada profesores de algunos institutos, aunque la CiUG solo admitió las quejas relacionadas con la pregunta comparativa entre anarquismo y socialismo.

Cuando en 2025 llegó la protesta por Historia de España llovía sobre mojado: ya antes había habido quejas por una cuestión similar, pero relacionada con el examen de Biología, porque también en este caso se exigía a los estudiantes, según las voces censoras, superar el nivel estipulado en el temario oficial. Debían aclarar cómo el ARNm puede facilitar crear nuevas vacunas adaptadas a las mutaciones. La entonces presidenta de la CiUG, Maite Flores, lo zanjó indicando que la respuesta estaba en el propio examen.

¿Por qué la polémica este año?

Como ocurre esta vez, las denuncias de fallos se concentraron en dos materias y, sin embargo, el año pasado la Xunta no terció en la polémica ni abrió un frente con las universidades, como está ocurriendo ahora. ¿Dónde reside la diferencia? En el contexto. Este año las pruebas se celebraron tras el anuncio oficial de la Consellería de Educación de revisar y actualizar la normativa que rige la PAU desde 2011 en aras de avanzar hacia la «convergencia progresiva» en un modelo común, uno de los objetivos de las comunidades gobernadas por el PP, un nuevo modelo organizativo en el que la Xunta asumirá «un rol más activo».

Sin embargo, la CiUG rechaza esa pretensión y defiende su trabajo, con las universidades refrendando su gestión «sólida» de la selectividad, que los hace «referentes» en todo el Estado. Los planes avanzados por la Xunta suponen dividir en dos la actual gestora de la PAU y del proceso de admisión para separar en una comisión adscrita al Ejecutivo gallego las labores de decisión sobre los criterios generales de la prueba, la definición de los criterios generales para la elaboración, la evaluación y calificación de los ejercicios o los criterios para el diseño de las guías de cualificación, entre otras tareas.

El hecho de que la pasada semana, en la convocatoria ordinaria, se hayan registrado incidencias ha reforzado los argumentos de la Xunta para incidir en su pretensión e incluso ponerle fecha, además de elevar el tono exigiendo responsabilidades. El propio conselleiro de Educación, Román Rodríguez, aseguró que la idea de la Administración es «tener una mayor presencia para que los alumnos no salgan perjudicados». Más aún, subrayó, «a partir de esta sucesión de errores encadenados».

Problemas anteriores en Galicia

Un poco más atrás en el tiempo, en 2024, aún con el modelo pandémico, de mayor opcionalidad, la asignatura de Historia de España ya había protagonizado otra polémica que desembocó en que la CiUG publicase directrices incidiendo en la flexibilización de los criterios de corrección del examen, de forma similar a este año. Ese año tambien hubo problemas con un examen de Lingua Galega abierto fuera de tiempo.

En 2019 la situación, esta vez con la prueba de Historia de la Filosofía, llegó al extremo de precisar un aplazamiento del examen, y es que tanto el test como las cinco opciones de repuesto no cumplían las directrices sobre combinación de autores. La situación provocó que la persona que hizo el examen pusiera su cargo a disposición de la CiUG. Entonces la Consellería de Educación, dirigida entonces por Carmen Pomar, anunció que abriría una investigación o que citaría a los rectores para analizar lo sucedido.

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