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Acceso residencial

Las políticas de impulso de vivienda protegida provocan un cambio de tendencia en el perfil de los demandantes: los que aspiran a un piso en propiedad ganan peso

El alquiler sigue siendo la opción mayoritaria con un 72% de las solicitudes, pero pierde terreno frente a la opción de compra, que llega ya al 28% tras años con una dinámica descendente

Obras de urbanización que realiza la Xunta en San Paio de Navia, en Vigo, para construir vivienda protegida.

Obras de urbanización que realiza la Xunta en San Paio de Navia, en Vigo, para construir vivienda protegida. / Marta G. Brea

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X. A. Taboada

X. A. Taboada

Santiago

El registro autonómico de demandantes de vivienda protegida comienza a reflejar un cambio de dinámica en Galicia. Después de años en los que el alquiler fue ganando peso de forma casi continuada hasta alcanzar el 80% de las solicitudes, la compra vuelve a abrirse espacio entre quienes aspiran a acceder a un piso con algún tipo de protección pública. Los últimos datos sitúan en 33.547 las personas inscritas en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia, de las que 9.488, el 28,2% del total, optan ya en exclusiva por la adquisición.

El alquiler sigue siendo la opción mayoritaria, pero pierde parte de la ventaja acumulada en los últimos ejercicios. En total, 17.582 solicitantes, el 52,4%, se decantan por un arrendamiento ordinario, mientras que otros 6.477, el 19,3%, figuran inscritos para acceder a una vivienda en régimen de alquiler con opción de compra. Sumadas ambas modalidades, el alquiler concentra casi el 72% de la demanda, todavía muy por encima de la compra, aunque por debajo de los niveles que venía alcanzando en la etapa anterior marcada por el encarecimiento de la vivienda libre, las dificultades de financiación y la falta de ahorro previo de muchos hogares.

El perfil del demandante gallego parece que está evolucionando. Un giro que coincide con el refuerzo de las políticas autonómicas y estatales en favor de la vivienda protegida, un ámbito en el que la Xunta ha intensificado en los dos últimos años tanto la planificación como los incentivos de acceso. El Gobierno gallego aprobó en mayo una 'Estrategia de impulso de la vivienda protegida' con la que busca facilitar la construcción de más pisos con precio limitado y ampliar el número de familias que pueden optar a ellos. Entre las medidas anunciadas figura la elevación de los umbrales máximos de ingresos para acceder a una vivienda pública, de forma que hogares que hasta ahora quedaban fuera del sistema puedan incorporarse a los procesos de adjudicación.

La Xunta vincula esta hoja de ruta a dos objetivos de mayor alcance: duplicar el parque público residencial y habilitar suelo para la construcción de hasta 20.000 viviendas protegidas mediante fórmulas de colaboración público-privada. Además, el Ejecutivo autonómico sostiene que ya tiene en marcha las 4.000 viviendas públicas comprometidas a final de legislatura y que cuenta con proyectos de interés autonómico aprobados inicialmente en las grandes ciudades gallegas, entre ellas Vigo, A Coruña, Santiago, Pontevedra, Lugo y Ourense.

El nuevo escenario no supone una vuelta generalizada a la compra, pero sí introduce un matiz relevante en el perfil de los demandantes. La adquisición de una vivienda protegida gana atractivo en un momento en el que la Administración autonómica ha recuperado ayudas específicas para la compra y ha establecido reservas en determinadas promociones.

Las dos Galicias aparecen de nuevo

El comportamiento por provincias es bastante dispar. Se vuelven a reflejar las dos Galicias, la atlántica y la interior. En la de Pontevedra, con 16.234 demandantes en total, el 31% se decanta en exclusiva por la adquisición (5.021). En A Coruña, el porcentaje es levemente inferior, el 29,6% (3.666 potenciales compradores sobre 12.387 solicitantes). Pero en Lugo y Ourense, los demandantes de una vivienda en propiedad siguen estando en muy minoría. En la provincia lucense no llegan al 17% (530 de 3.151) y en la ourensana, apenas superan el 15% (271 de 1.775).

El Rexistro Único de Demandantes, gestionado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo, es el instrumento que permite ordenar las adjudicaciones y conocer la demanda real por municipio y por régimen de acceso. Su evolución ofrece, por tanto, una fotografía significativa de las preferencias de quienes no pueden acudir al mercado libre en condiciones asequibles. Esa fotografía muestra ahora un mercado protegido en el que el alquiler continúa dominando, pero donde la compra vuelve a ganar presencia.

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