Profesores de Historia, aún disconformes con la «flexibilidad» en la corrección de la PAU: «Es una chapuza para tapar otra»

La nueva respuesta de la CiUG sobre los criterios de corrección del examen de Historia de España de la PAU no ha rebajado el malestar entre parte del profesorado gallego.

Aunque la comisión concreta ahora que los alumnos podrán obtener la máxima puntuación en la pregunta sobre socialismo y anarquismo aunque no hayan respondido en formato comparativo, varios docentes consultados consideran que la solución llega tarde, deja demasiados márgenes de interpretación y no corrige todas las desigualdades generadas por el examen.

La cuestión más polémica era la del apartado 2, valorada con 2,5 puntos, que pedía comparar socialismo y anarquismo durante la segunda mitad del siglo XIX. Según los nuevos criterios, una respuesta teórica bien desarrollada podrá recibir la misma puntuación que una comparativa.

Además, si la pregunta quedó en blanco, no se aplicará automáticamente un cero: se ponderará la nota a partir del resto del examen y, si el resultado fuese inferior a 5, se asignará 1,25 puntos en ese apartado. Un corrector consultado por Faro resume que la instrucción es «exactamente como está establecido».

La CiUG defiende que la corrección flexible busca que ningún estudiante resulte perjudicado. En esa misma línea, un corrector de Historia de España que actualmente integra el grupo de trabajo admite que «no hay una solución ideal a un error así» y sostiene que se intentó «hacer el menor daño posible y favorecerles al máximo».

Los profesores críticos, sin embargo, creen que el problema ya no es solo cuánto se puntuará, sino cómo se garantiza que todos los alumnos compitan en igualdad tras un examen que, en su opinión, nunca debió formularse así.

Esa lectura no convence a los profesores que ya habían firmado documentos o remitido escritos a la CiUG la semana pasada para quejarse de la pregunta mal planteada. «Deja cosas en el aire», advierte uno de ellos. Su principal reparo es la falta de equidad entre quien dejó la pregunta en blanco, quien intentó responder y quien sí alcanzó el aprobado por sus propios medios.

¿«Dar 2,5 puntos» a todo el alumnado?

«Si alguien que la deja en blanco, pero no llega al 5, va a puntuar 1,25, ¿qué pasa con los que hicieron algo y llegan al 5?», plantea. A su juicio, si la CiUG quería «arreglar de verdad» la situación, debía reconocer el fallo en origen y «dar 2,5 puntos a todos» para evitar comparaciones subjetivas.

Otro docente habla directamente de «parches». «No hay objetividad, porque todo queda a lo que cada corrector entienda por flexibilidad. Coloquialmente, es tapar una chapuza con otra chapuza», sostiene. También reprocha que, por ahora, «nadie diga que vaya a asumir responsabilidades» por un enunciado que, según los profesores críticos, no se ajustaba a las pautas transmitidas durante el curso.

El malestar se extiende además a la pregunta 4.2, sobre una tabla de gasto social entre 1975 y 1980. Varios profesores subrayan que la nueva aclaración apenas se detiene en la pregunta 2 y no resuelve el problema de quienes se prepararon la opción del siglo XX pero, al encontrarse con una tabla difícil de vincular a los contenidos políticos de la Transición, optaron por comentar la alternativa del siglo XIX.

«Esa tabla del XIX se adecuaba perfectamente a los contenidos, pero no era la opción que muchos llevaban preparada», explica una profesora. «La opcionalidad existe precisamente porque el programa es amplísimo, desde los Reyes Católicos. Si una de las dos opciones no se ajusta a lo previsto, se generan desigualdades», añade.

Otro profesor consultado resume el ambiente entre parte del colectivo con una frase más cruda: «Hay correctores indignados y profesorado alucinado». Algunos docentes, además, prefieren no aparecer con nombre y apellidos por temor a quedar señalados ante futuros llamamientos para vigilar o corregir pruebas.

Los nuevos criterios, por tanto, rebajan el riesgo de penalización para quienes no respondieron exactamente en el formato pedido. Pero entre el profesorado crítico persiste la idea de que la flexibilización no elimina el problema de fondo: un examen que, sostienen, introdujo preguntas alejadas de las orientaciones trabajadas durante el curso y que ahora obliga a corregir sobre la marcha los efectos de ese error.

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