La crisis de Muface deja huella en Galicia: otros 3.150 funcionarios se pasan al Sergas para recibir atención sanitaria

La crisis de Muface sigue teniendo efectos en Galicia después de que el Gobierno central cerrase el nuevo concierto sanitario con las aseguradoras privadas en una difícil negociación. En mayo de 2026, el número de empleados públicos vinculados a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que optan por recibir asistencia sanitaria a través del Sergas asciende ya a 46.155 personas. Son 3.146 más que en 2025, cuando la cifra se había situado en 43.009 mutualistas adscritos a la sanidad pública gallega.

Estas incorporaciones confirman que la incertidumbre generada durante la negociación del nuevo contrato de Muface no se agotó con la adjudicación del servicio a Adeslas y Asisa hasta 2027. La renovación del concierto, con un coste de 6.250 millones de euros para el Estado y una subida de las primas superior al 40%, permitió dar continuidad al modelo, pero no ha frenado del todo el desplazamiento hacia el sistema público entre los funcionarios gallegos, lo que, por otra parte, aumenta la presión asistencial en un momento de tensiones entre los profesionales sanitarios y la Consellería de Sanidade por la carga de trabajo o la reforma pendiente de la Atención Primaria.

La evolución es significativa porque llega después de un ejercicio especialmente intenso. En 2025 se había producido el mayor incremento de la serie reciente, con 5.490 nuevos mutualistas incorporados al Sergas en solo un año, casi el triple de la media de los seis ejercicios anteriores. Ahora, el avance se modera, pero conserva una tendencia claramente ascendente ya que otros 3.146 empleados públicos se han sumado a la cartera sanitaria pública en los últimos doce meses.

Antes del último salto, el mayor incremento anual se había producido en 2022, con 3.008 incorporaciones, seguido de 2023, con 2.534, y de 2024, con 2.379. La nueva cifra de mayo de 2026 vuelve a situarse por encima de esos registros, lo que apunta a una consolidación del trasvase hacia el Sergas, aunque con menor intensidad que durante el periodo de mayor incertidumbre.

Evolución común

La dinámica de Galicia no exclusiva. En el conjunto de España, Muface ha perdido en el último año 24.157 funcionarios que se han decantado por la sanidad pública. Se ha pasado de 1.011.834 funcionarios a 987.677 entre el 31 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, según los datos de la Mutualidad.

Muface es un régimen especial al que quedan adscritos de forma obligatoria determinados funcionarios civiles del Estado, que pueden escoger cada año si reciben asistencia sanitaria a través de una aseguradora privada concertada o mediante el sistema público. Ese periodo ordinario de cambio voluntario concluye habitualmente en febrero, aunque las estadísticas incorporan también nuevas altas de empleados públicos que ingresan en el sistema mutualista y que, en el momento de su incorporación, deben elegir modalidad asistencial.

En Galicia, la preferencia por el Sergas no ha dejado de crecer desde 2018. Entonces había 24.559 mutualistas atendidos por la sanidad pública autonómica. La cifra subió a 26.640 en 2019; a 28.674 en 2020; a 29.598 en 2021; a 32.606 en 2022; a 35.140 en 2023; a 37.519 en 2024; y a 43.009 en 2025. Con los 46.155 registrados en mayo de 2026, el volumen de empleados públicos de Muface que prefieren el Sergas prácticamente se ha duplicado en ocho años.

Más presión asistencial

Este movimiento tiene también una segunda lectura, que es el incremento de la presión asistencial sobre el sistema. Cada funcionario que abandona la cobertura privada o que, al incorporarse al régimen mutualista, escoge directamente el sistema público, pasa a engrosar la demanda ordinaria del Sergas.

La Xunta ya había advertido durante la crisis de Muface de que una integración completa de los mutualistas en el sistema público tendría un impacto relevante en gasto y actividad asistencial. Según sus estimaciones, incorporar de golpe a todos los beneficiarios que todavía permanecen en el modelo privado exigiría una inversión adicional de 170 millones de euros al año y podría elevar la demora media en doce días para una intervención quirúrgica y en cuatro para la primera consulta con el especialista.

En todo caso, esos cálculos se realizaron sobre un escenario de desaparición del modelo, que finalmente no se produjo, por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2027, cuando expira la vigencia del actual concierto.

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