¿Qué es y quién integra la CiUG, el organismo que organiza la selectividad en Galicia y que ahora está bajo la lupa?

La polémica por los errores detectados este año en varios exámenes de la PAU en Galicia ha puesto en boca de estudiantes, familias y profesores unas siglas que para muchos sonaban a chino: CiUG. La Comisión Interuniversitaria de Galicia es el organismo que está detrás de la organización de la selectividad gallega. No es exactamente la Xunta, aunque la Consellería de Educación está representada en ella. Tampoco es una sola universidad, aunque las tres universidades públicas gallegas forman parte de su estructura. Es un órgano interuniversitario que actúa como comisión organizadora de la prueba de acceso a la universidad en Galicia.

Su papel se ha hecho especialmente visible después de las quejas por los fallos en los exámenes de Historia de España y Dibujo Técnico. La iIUG ha trasladado que esos errores se tendrán en cuenta en la corrección para no perjudicar al alumnado, pero la controversia ha abierto una pregunta más amplia: ¿quién decide cómo son los exámenes de Selectividad en Galicia?, ¿quién los encarga?, ¿quién los corrige? y ¿quién responde cuando algo falla?

La respuesta empieza por la propia CiUG. La normativa gallega define la Comisión Interuniversitaria de Galicia como el órgano que tiene delegadas competencias de las tres universidades públicas del Sistema Universitario de Galicia en materia de acceso a la universidad. Es decir, actúa por encargo de la Universidade de Santiago de Compostela, la Universidade da Coruña y la Universidade de Vigo en todo lo relacionado con el acceso a los grados universitarios.

Para el curso 2025/26, la CiUG está integrada por seis miembros. Tres proceden de las universidades públicas gallegas: Iván Carlos Area Carracedo, delegado del rector de la Universidade de Vigo y presidente de la comisión; Elisa Barreiro González, delegada del rector de la Universidade da Coruña y vicepresidenta. Los otros tres son vocales en representación de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional: Manuel Enrique Prado Cueva, Manuel Calaza Cabanas y Sonia Torres Cancela.

En términos prácticos, la composición actual deja una fotografía equilibrada: tres representantes universitarios y tres de la administración educativa autonómica. La CiUG, por tanto, no es un órgano formado únicamente por las universidades ni tampoco una comisión exclusiva de la Xunta. Es una estructura mixta en la que se sientan las universidades públicas y la Consellería.

Esta composición podrá ser modificada. La Xunta ya ha anunciado, antes de que estallara la polémica de este curso, su intención de reforzar su papel en la CiUG. Este jueves el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, aseguraba que «la sucesión de fallos suponen un gran prejuicio para miles de familias» y por ello, la Consellería de Educación dará un paso adelante: «Para el año 2028 plantemos homologarnos a las comunidades autónomas que ya tienen una participación en este proceso». Esto supondría que el Ejecutivo gallego pasaría a formar parte de los grupos de trabajo que preparan y revisa los exámenes. «No se puede volver a caer en esta situación de nuevo tras un segundo de bachillerato que suele ser muy duro», insistió Rodríguez, en un acto en Santiago donde expuso la oferta de Formación Profesional para el próximo curso.

Competencias

La función más conocida de la CiUG es organizar la PAU, pero sus competencias son más amplias dentro del proceso de acceso. En la prueba de Selectividad, la resolución autonómica vigente la identifica expresamente como la Comisión Organizadora de la PAU en Galicia. Desde ese papel, le corresponde asegurar la coordinación entre universidades y centros de Bachillerato, determinar fechas y horarios, organizar los procedimientos de revisión, fijar los criterios básicos de elaboración, evaluación y calificación de los ejercicios y designar los tribunales que aplican y corrigen los exámenes.

La CiUG también debe establecer las medidas para garantizar el secreto en la elaboración y selección de los ejercicios, custodiar las pruebas, preservar el anonimato del alumnado durante la corrección y fijar los mecanismos de información a los centros y al profesorado. Otra de sus funciones es determinar las adaptaciones necesarias para que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo realicen la PAU en condiciones de igualdad.

Decisiones colegiadas

Las decisiones de la CiUG se adoptan como las de un órgano colegiado. La normativa estatal de la PAU obliga a que las comisiones organizadoras actúen conforme a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, lo que implica funcionamiento formal, convocatoria, deliberación y acuerdos. En la práctica, y con la composición actual, ni la Consellería ni las universidades tienen por sí solas una mayoría automática si los bloques votasen de forma separada: hay tres miembros de cada parte.

La polémica de este año ha sacado a la superficie una estructura que normalmente permanece en segundo plano. Para la mayoría de los alumnos, la PAU se reduce a un calendario, unos exámenes, unas notas y una reclamación si algo no cuadra. Pero detrás hay una cadena de decisiones: la normativa estatal fija el marco general; la resolución gallega concreta las instrucciones de cada curso; la CiUG coordina y organiza; los grupos de trabajo elaboran las propuestas de examen; y los tribunales calificadores corrigen.

Esa cadena es la que ahora se mira con más atención tras los fallos denunciados. Porque los errores en una prueba de acceso a la universidad no son un problema menor: afectan a alumnos que se juegan décimas decisivas para entrar en una carrera, a familias pendientes de una nota de corte y a docentes que preparan durante meses a sus estudiantes siguiendo orientaciones oficiales. Por eso, más allá de la corrección flexible anunciada, la controversia ha convertido a la CiUG en protagonista inesperada de la Selectividad gallega.