Docentes de Historia de España urgen asimilar el examen en la PAU «en extensión y dificultad» al andaluz o asturiano para evitar «agravios comparativos»

Historia de España fue la segunda materia a la que se enfrentaron los jóvenes gallegos en la selectividad el pasado martes en la que fue una de las evaluaciones más cuestionadas por docentes de instituto, que trasladaron a la CiUG, que coordina y organiza las pruebas de acceso a la universidad, su malestar y el de su alumnado por preguntas, denuncian, que no encajarían en las directrices del examen. El alumnado que escogió la materia salió de ella «decepcionado y arrepentido» de no escoger su alternativa, Historia de la Filosofía, denuncian desde el profesorado.

Aunque la CiUG ya se ha comprometido a aplicar «criterios extraordinarios» en la corrección de la materia, docentes de la materia exigen saber cómo se materializarán. «Aguardamos que no se concreten en el habitual abrid la mano», advierten. No obstante, no se quedan en señalar lo que consideran «errores» en el diseño de la prueba, sino que plantean cambios trascendentales en las preguntas, que se rebaje el nivel de dificultad para equipararlo al de otras comunidades o retomar exámenes «anteriores a 2018» que «si eran competenciales».

En concreto, así lo defienden desde el departamento de Historia, Historia del Arte y Xeografía del IES Campo de San Alberto, de Noia (A Coruña), que une sus quejas a las ya expuestas por otros docentes de su misma localidad, Ribeira o Celanova en un comunicado dirigido al presidente de la CiUG y a la coordinadora de la materia de Historia de España.

Depurar responsabilidades

Los tres firmantes se hacen eco del «descontento» trasladado por otros compañeros y se suman igualmente a su petición de que «se depuren las responsabilidades correspondientes», pero, sobre todo, señalan, el objetivo de su comunicación es realizar propuestas concretas de «mejora» en el diseño de una prueba cuyo diseño tachan de «arbitrario», de modo que «refuerza» la «sensación de inseguridad de profesorado y alumnado», impresión que ya viene, apuntan, de la convocatoria del pasado año.

Proponen una reforma del examen en profundidad y sugieren que se abra un proceso de reflexión y debate sobre la selección de los contenidos y la estructura de la prueba y «sin demoras» para que cuando el alumnado comience un nuevo curso en septiembre sea publicada un listado completo de contenidos, «incluyendo explícitamente las posibles comparaciones», y «modelos de prueba con una estructura clara y definida».

Sugerencias de reforma

La primera sugerencia es eliminar la primera pregunta que requiere del alumno la revisión de un texto porque, denuncian, introduce «un currículum oculto que supera lo establecido en el currículo oficial de la materia» para 2º de Bachillerato. Además, consideran que esa primera pregunta no se corresponde con una enseñanza competencial ya que exige localizar errores de contenido «muy concretos en un marco de aprendizaje memorístico» que no encajaría en el modelo que promulga la nueva ley educativa, la Lomloe.

Además, plantean «reorganizar» la estructura del examen para «asemejarla en extensión y dificultad con las que ya se realizan en otras comunidades, como las de Andalucía o Asturias» para «evitar agravios comparativos» al alumnado gallego. En esa línea, conminan asimismo a «homologar la estructura y el nivel de dificultad» del examen al de las materias de Historia de la Filosofía, Geografía e Historia del Arte.

Por otra parte, consideran preciso «reforzar» la presencia de profesores de instituto de la materia en los grupos de trabajo y en la selección de los correctores.

Voces en defensa de la CiUG

Frente a docentes que están haciendo llegar a la CiUG sus propuestas para evitar situaciones como la que se denunció esta semana, otros profesores, a título personal, como Carlos Chapela Otero, catedrático del IES As Barxas, de Moaña, que participó en las pruebas como vigilante, corrector e incluso miembro de un grupo de trabajo en el pasado, defienden que el sistema avalado por la CiUG ha demostrado durante años «más fortalezas que debilidades», por lo que considera que debería ser protegido, en aras de que es «garante de la igualdad de oportunidades para todo el alumnado».

Este profesor, que ahora afronta la jubilación, considera que el sistema de la CiUG es «referencia de garantía y equidad» y que los errores que se han producido tienen que ver con un principio del que el sistema «puede presumir», la confidencialidad. Aunque ve «normal» que familias, estudiantes e incluso profesorado reclamen dimisiones, defiende que lo «más adecuado» sería que las instituciones implicadas en la PAU «acuerden medidas que reduzcan» los errores, porque «evitarlos» es «difícil».

Por ejemplo, para Chapela Otero, quien señala que los criterios de corrección de la CiUG «siempre» se han aplicado «en beneficio del alumnado», que dos profesores universitarios conozcan «por anticipado» el contenido de la prueba no debería comprometer la confidencialidad del proceso.

Igualmente, advierte que la «desaparición» de la CiUG y la «toma de control» por la Consellería —que, recuerda, ya cuenta con representación en los grupos de trabajo, «aunque sin participar de forma activa por incomparecencia»— «no supondrán, por sí solas, un aumento en la calidad del proceso ni de la igualdad de oportunidades para el estudiantado gallego».

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