La CIG, contra la reforma de la selectividad que plantea la Xunta: la acusa de querer controlar a la CiUG

Hace unos días trascendía, por su exposición a consulta pública previa, que la Xunta modificará, dentro de sus competencias, la prueba de acceso a la universidad (PAU), en aras de orientarla a una mayor homogeneización con el resto del Estado, a falta de poder implantar un examen único, que es lo que reclama en los últimos tiempos la Administración gallega.

Así argumentó el Ejecutivo gallego la necesidad de actualizar la normativa que regula la prueba en Galicia. No obstante, el planteamiento de la Xunta implicará cambios más relevantes, como que los órganos de coordinación y organización de la PAU serán la comisión coordinadora y la comisión organizadora, ambos órganos colegiados en los que estarán representadas tanto las universidades como las autoridades educativas autonómicas.

Es ese último punto el que suscita las críticas de organizaciones políticas y sindicales. Si este domingo el PSdeG denunciaba la «injerencia política» de la Xunta en la PAU al incorporar a altos cargos en el diseño de exámenes y reclamaba la comparecencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para dar explicaciones al respecto ante el Parlamento gallego, este lunes es la CIG, sindicato mayoritario en la enseñanza no universitaria, la que se pronuncia para denunciar lo que considera la intención de la Xunta de «acabar con la CiUG», que es el organismo que hasta ahora gestiona todo el proceso de elaboración y realización de los exámenes y del acceso a la universidad, y además siempre con anticipación y facilitando a los jóvenes que cursan segundo de Bachillerato modelos para preparar la prueba con tiempo.

Una comisión integrada por altos cargos

En los planes de la Xunta se incluye, tal y como explicó la propia Educación, que la Comisión Coordinadora de la PAU «estará adscrita a la Consellería en materia de Educación y se encargará de la organización general de la prueba con funciones tales como establecer los criterios generales de la misma, aprobar los grupos de trabajo y los tribunales calificadores, definir los criterios generales para la elaboración, evaluación y cualificación de los ejercicios de las materias, así como los criterios para el diseño de las guías de cualificación, fijar y publicar las fechas de las convocatorias y los horarios de los ejercicios, entre otros aspectos». Además, añadía, estará «integrada por las personas titulares de la Dirección Xeral competente en materia de ordenación de la etapa de Bachillerato, de la Secretaría Xeral de Universidades, de la Subdirección Xeral da Inspección Educativa y de los servicios de Evaluación, Ordenación y Orientación, así como los delegados de las tres universidades públicas gallegas».

La CIG critica que con la reforma anunciada la Consellaría de Educación «pretende controlar este órgano nombrando una comisión compuesta básicamente por cargos políticos», entre los que se encontraría «el polémico subdirector xeral de Inspección educativa», cuestionado en su momento por el sindicato, entre otras razones, por promover la «neutralidad ideológica».

Según la CIG, y «bajo el pretexto de adaptar la normativa gallega al nuevo marco estatal», la creación de dos comisiones (de organización y de coordinación) «en el fondo» supondrá «acabar coa CiUG (Comisión interUniversitaria de Galicia)».

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