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El BNG acusa al PP de «boicotear» la transferencia de la AP-9 y el PSdeG exige explicaciones: «Una traición a Galicia y a los intereses de los gallegos»

Olalla Rodil desmiente las declaraciones de la conselleira de Vivenda e Infraestruturas y defiende que el acuerdo obliga al Estado español a asumir los costes si se anula la prórroga de la concesión de la autopista

Autopista AP-9 a su paso por Santiago.

Autopista AP-9 a su paso por Santiago. / Jesús Prieto

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La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, defendió este lunes que el acuerdo para el traspaso de la AP-9 a Galicia «respeta la voluntad» expresada por el Parlamento gallego y cargó contra el PP, al que acusó de actuar de forma «tramposa» y de intentar «boicotear» la transferencia. Durante una comparecencia ante los medios, Rodil rechazó las críticas de los populares al pacto alcanzado y sostuvo que «no es una cláusula trampa, el que es tramposo es el PP, que lleva boicoteando la transferencia más de una década. No tiene argumentos y usa la mentira». Además, recordó que el texto establece que «en el caso de que el debate judicial anule la prórroga de 25 años concedida en el año 2000 será el Gobierno español quien asuma los costes económicos derivados de esa decisión».

La dirigente nacionalista remarcó que el acuerdo, respaldado por todos los grupos excepto PP y Vox, «respeta la voluntad emanada del Parlamento y el autogobierno» de Galicia. También incidió en que el contenido deberá desarrollarse mediante el diálogo institucional entre Xunta y Estado, un escenario en el que, dijo, «pueden darse más pasos adelante». En esa línea, lanzó un mensaje al Partido Popular: «¿Quiere más el PP? Que haga su trabajo, que negocie más en la Comisión mixta de transferencias».

El documento contempla tanto el traspaso de la autopista como «la obligación del Gobierno español de asumir las cargas económicas que deriven de las decisiones adoptadas por la Administración General del Estado a lo largo de los años en que el Estado fue el titular», según Rodil. La diputada nacionalista recordó que la concesión fue «prorrogada ilegalmente por el Gobierno del PP presidido por Aznar» y aseguró que «fue declarada ilegal por la Unión Europea». A su juicio, «si no fuese por esa ampliación, hoy los gallegos no estaríamos pagando los peajes abusivos en esta infraestructura».

Además, lamentó que «el único que parece que no se alegre» de un acuerdo, que calificó de «histórico», sea el PP, partido que, sostuvo, «está muy enfurruñado desde el minuto 0» y «nunca quiso la transferencia de la AP-9». En ese contexto, criticó que el PP «lleva una década poniendo palos en las ruedas para impedir que la autovía sea transferida a nuestro país. Primero bloquearon la ley de transferencia y ahora la boicotean votando en contra de la ponencia y utilizando a la Xunta para impedir una AP-9 gallega y libre de peajes. Una traición a Galicia y a los intereses de los gallegos».

Rodil informó asimismo de que el BNG registró una proposición no de ley para que el Parlamento gallego apoye el acuerdo alcanzado la pasada semana en la ponencia del Congreso encargada de esta infraestructura.

El PSdeG exige explicaciones

Por su parte, la portavoz de Industria del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, aseguró que «la pelota está en el tejado del PP» y consideró que los populares tendrán que justificar «por qué está en contra de la transferencia». Preguntada por las declaraciones realizadas ayer por la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue —quien cuestionó el acuerdo y habló de una posible «cláusula trampa» en una entrevista concedida el domingo a la Cadena Ser—, Iglesias insistió en reclamar al PP explicaciones sobre «por qué voto en contra y por qué votó con Vox».

La representante socialista reivindicó además el papel del PSdeG y del PSOE en este proceso, asegurando que fue esta formación quien impulsó las bonificaciones y promovió la creación de la ponencia en el Congreso. Asimismo, criticó la gestión del Ejecutivo de José María Aznar al afirmar que fue su gobierno «el que amplió esa concesión, regalando décadas de peajes a la concesionaria, una empresa privada». El siguiente paso, señaló, será el debate del acuerdo en la Comisión de Transportes antes de pasar, posteriormente, a la Comisión mixta de transferencias.

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