Aviturga contrataca: llama a los propietarios de pisos turísticos a reclamar los 70 euros cobrados por el registro estatal anulado

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ha instado a los propietarios gallegos que abonaron tasas para tramitar el Número de Registro Único de Alquileres (NRUA) a reclamar la devolución de las cantidades pagadas ante el Registro de la Propiedad, que les emitió la factura.

La entidad sostiene que la sentencia del Tribunal Supremo que anula el registro estatal deja sin base legal unos cobros que, a su juicio, «nunca debieron exigirse» a un sector que en Galicia ya estaba sometido a un registro autonómico operativo.

La presidenta de Aviturga, Dulcinea Seguín, explica que la asociación está remitiendo a los propietarios un modelo de escrito para iniciar las reclamaciones. «Estamos mandando a todos los propietarios un modelo para que reclamen el coste de haber tenido que pagar por hacer el registro», señala. Según Seguín, el trámite incluyó una tasa de 32,73 euros por el registro y otra cantidad similar por el depósito de arrendamientos. «Que lo tramiten en cada registro, porque las facturas son nominativas», precisa.

Aviturga recuerda que Galicia ya disponía de su propio registro turístico y que la obligación estatal suponía, según el fallo, una duplicidad e invasión competencial. «La sentencia dice claramente que lo que no podíamos tener es doble registro y, sobre todo, una invasión de competencias, porque las competencias en materia de turismo son de las comunidades autónomas», subraya Seguín.

La asociación considera que el NRUA provocó un perjuicio económico directo: propietarios que pagaron por un código ahora invalidado y otros que no pudieron comercializar sus viviendas en plataformas al no disponer del número estatal. «Hay gente que efectivamente no tuvo el número de registro de alquiler, no se pudo publicar en plataformas y eso le ha ocasionado un coste económico», advierte la presidenta de Aviturga.

«Meses de bloqueo»

Seguín confirma que, además de la devolución de las tasas, algunos afectados estudian reclamar por los ingresos dejados de percibir. «La gente lo está valorando con los despachos jurídicos», indica, aunque admite que el alcance de esas acciones debe analizarse caso por caso. «Esto tiene su periodo; son procesos que hay que valorar mucho», añade.

Aviturga sostiene que advirtió desde el inicio del riesgo de crear un registro estatal paralelo al autonómico y que el fallo del Supremo confirma sus reparos. «Nosotros esto desde el principio lo advertimos», recalca Seguín. Para la asociación, la prioridad ahora es que los propietarios con factura inicien cuanto antes la reclamación ante su registro correspondiente y que se depuren responsabilidades por un sistema que, según la entidad, generó inseguridad jurídica, costes innecesarios y meses de bloqueo en plena actividad turística.

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