Luz verde a la propuesta para transferir la AP-9 a Galicia pese al rechazo del PP

La propuesta pactada entre PSOE, BNG y Sumar para transferir la AP-9 a Galicia ha superado su primer trámite en el Congreso tras su aprobación en ponencia parlamentaria, pese al rechazo del PP y Vox. Se rompe así el acuerdo unánime alcanzado por los grupos políticos en el Parlamento gallego. Ahora, la proposición de ley que contempla el traspaso de la titularidad y la gestión de esta autopista a la comunidad autónoma deberá continuar con su tramitación parlamentaria en comisión y luego en el pleno del Congreso, donde probablemente salga adelante con el apoyo de los partidos soberanistas. El problema es que la norma precisa el visto bueno definitivo del Senado, cámara en la que el PP tiene mayoría.

La Xunta había avanzado ya que el texto pactado en el Congreso por PSOE, BNG y Sumar «difiere» y rebaja las condiciones económicas de la ley que salió por unanimidad del Parlamento de Galicia. «Queremos la transferencia, pero no a cualquier precio», aseguró la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue.

Los diputados del PP que participaron en la ponencia en el Congreso explican que aún están pendientes de «un análisis en profundidad», pero advierten de que el texto actual se aparta «de aspectos esenciales» recogidos en la proposición de ley impulsada desde Galicia, en concreto en lo referente a las obligaciones económicas y financieras del Estado. «Es fundamental que esta transferencia venga acompañada de los recursos económicos necesarios para su gestión y para mantener todos los compromisos adquiridos hasta ahora», advierte el parlamentario popular Celso Delgado Arce.

Puntos de desacuerdo

¿Y cuáles son los motivos de discrepancia? El texto acordado por PSOE, BNG y Sumar contempla que la Administración del Estado «conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que haya tenido competencia y con los límites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del acuerdo de la comisión mixta de transferencias». «Además, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración del Estado, previas a la transferencia, recaerán sobre la Administración del Estado». Y, por otro lado, la Xunta asumirá con cargo a las cuentas autonómicas todas aquellas medidas que adopte tras el traspaso, incluidas nuevas bonificaciones.

El BNG defiende que con esta redacción se garantiza que el Estado se hará cargo de las actuales bonificaciones en vigor e incluso tendría que asumir el coste de la anulación de la concesión en caso de que prospere el expediente abierto por la Comisión Europea, que considera ilegales las prórrogas concedidas a la concesionaria.

Pero el PP no lo ve así. Celso Delgado muestra su «preocupación» porque no se obliga expresamente al Gobierno a asumir las obligaciones económicas y financieras si se declara la nulidad de las prórrogas. Y también se retira el apartado contemplado en la proposición de ley del Parlamento gallego que instaba al Estado a asumir la supresión del incremento tarifario anual del 1% en concepto de compensación económica por las obras de ampliación de la autopista.

Además, el diputado popular considera que el Gobierno debe seguir financiando los compromisos adquiridos dotando a la Xunta de medios financieros «para ampliar la bonificación de los peajes», cuestión que sí aparecía expresamente recogida en la proposición de ley aprobada por el Parlamento gallego.

Reacciones

En todo caso, pese al rechazo del PP y Vox, la iniciativa pactada por PSOE, BNG y Sumar salió adelante con el apoyo de ERC, Junts, PNV y Bildu, lo que permitirá continuar con su tramitación. «Intentaron reventar el acuerdo pero no lo consiguieron», advirtió la diputada socialista Patricia Otero. La parlamentaria acusó a Alfonso Rueda de romper la unanimidad alcanzada en el Parlamento «cuando el traspaso está a punto de ser una realidad». «Es una incoherencia política difícil de justificar», añadió. El secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gomez Besteiro, señaló que los populares «tendrán que dar muchísimas explicaciones».

Por su parte, el diputado del BNG Néstor Rego cargó duramente contra el PP por votar en contra, pues considera que «traiciona los intereses de los gallegos». «Su comportamiento ya no nos sorprende, porque dice una cosa y la contraria y buscan pretextos formales para intentar que salga adelante una transferencia por la que Galicia lleva décadas trabajando», censuró. Además, reivindicó que el texto aprobado en ponencia «recoge todos los elementos que fueron aprobados por unanimida del Parlamento de Galicia».

Suscríbete para seguir leyendo