La ley de la AP-9 avanza en el Congreso: PSOE, BNG y Sumar pactan un texto para transferir su titularidad

El traspaso a Galicia de la AP-9 está más cerca que nunca. PSOE, BNG y Sumar han pactado en el Congreso un texto que contempla la transferencia tanto de la gestión como de la titularidad de esta autopista. Además, según recoge el borrador acordado entre estos grupos, esta cesión a la Xunta estaría libre de las cargas económicas que fueron el resultado de decisiones adoptadas hasta ahora por el Gobierno central. Es decir, el Estado tendría que seguir costeando todas las bonificaciones aprobadas, así como los compromisos alcanzados con la concesionaria en compensación por las obras y también se haría cargo de la eventual indemnización a Audasa en caso de que se vea obligada a anular la concesión a raíz del expediente abierto por la Comisión Europea.

Así lo recoge el texto pactado entre PSOE, BNG y Sumar que será debatido este martes en la ponencia creada en el Congreso sobre la AP-9. El PP no ha participado en el acuerdo. Tanto socialistas como nacionalistas confían en tener el apoyo de los populares, pues, según alegan, se preserva el espíritu de la proposición de ley que se aprobó por unanimidad en el Parlamento gallego. Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no garantiza el respaldo de su grupo.

Asegura que tienen aún que analizar los términos del acuerdo. Rueda advierte que si el texto se ajusta a la proposición de ley aprobada por el Parlamento gallego «sería una buena noticia». Pero, de entrada, ya le pone pegas. Señala que «Galicia tiene que estar dotada de medios financieros para ampliar las bonificaciones y que debe suprimirse el incremento de la tarifa de un 1% anual durante 20 años que se acordó en la época del presidente Zapatero».

Y es ahí donde puede encallar el acuerdo, pues en el texto pactado entre PSOE, BNG y Sumar no se explicita que el Gobierno deba aportar más fondos para ampliar las bonificaciones ni se alude expresamente a ese incremento tarifario del 1% acordado para compensar a la concesionaria por las obras de ampliación de la AP-9.

Para que la iniciativa prospere necesita del apoyo del PP o bien de la confluencia de todas las fuerzas nacionalistas. Además del BNG tendrían que votar a favor ERC, Bildu y PNV, que en principio no pondrían problemas a este traspaso, pero también se necesita de Junts, cuyo voto aún es una incógnita.

En todo caso, el avance está en que el grupo socialista ha transigido en transferir la titularidad completa de la AP-9 y no solo su gestión, como proponía hasta ahora. Eso bloqueó las negociaciones durante mucho tiempo. Anteriormente, en todo caso, fue el PP, cuando estaba en el Gobierno, el que frenó la transferencia a Galicia de esta autopista. Su traspaso, de hecho, lleva discutiéndose sin éxito en el Congreso desde 2016.

Transferencia completa

Los socialistas presentaron una enmienda transaccional que ha permitido un acuerdo con BNG y Sumar. Así, la Xunta tendrá competencias para autorizar la puesta en servicio de nuevos tramos o reformar los existentes, podrá supervisar e inspeccionar su correcto funcionamiento, tendrá potestad sancionadora y también la facultad de modificar el régimen económico-financiero de la concesión y establecer bonificaciones o suprimir peajes.

Eso sí, todas las decisiones que conlleven cargas económicas que sean adoptadas tras asumir su titularidad correrán a cargo de las cuentas autonómicas: desde nuevas rebajas de peajes hasta la decisión de rescatar la autopista, salvo que este extremo se negocie con el Estado en la Comisión Mixta que se creará para articular el traspaso.

Por su parte, la Administración general del Estado seguirá asumiendo «las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en el que ha tenido la competencia y con los límites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del acuerdo de traspaso». Aunque el BNG entiende que esto incluye la asunción por parte del Gobierno del 1% de incremento tarifario durante 20 años, Rueda pone el acento en que la proposición de ley aprobada en el Parlamento gallego lo especificaba y ahora no está en el nuevo texto.

Valoraciones

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, contrapuso este avance con el bloqueo de los populares a esta cuestión. «Con un gobierno socialista, el traspaso es una realidad», aseveró, indicando que «no se entendería un voto negativo» del PP. «Bloquearlo sería una gravísima responsabilidad que contradiría todo lo que han dicho sobre el propio traspaso», aseguró, para concluir que si bien el primer paso «es la transferencia», lo definitivo es la «gratuidad»: «No vamos a parar hasta conseguirlo».

Por su parte, el BNG también se atribuye el mérito del acuerdo: «Es un paso importante». El diputado Néstor Rego recalca que «se salvaguarda que el Estado asume todas las consecuencias, incluso las económicas, de las decisiones que ha adoptado en relación a la autopista» y alude a que asumiría también «una hipotética finalización de la concesión como consecuencia del expediente abierto por la Comisión Europea por la irregularidad en las prórrogas alcanzadas».

Antecedentes

La batalla política para lograr el traspaso de la AP-9 es larga. Se inició en 2016 cuando entonces gobernaba Mariano Rajoy. El Parlamento gallego aprobó por unanimidad una proposición de ley para su traspaso, pero nunca se admitió a trámite en el Congreso. Otras tres veces más se impulsaría desde el Pazo do Hórreo, con el apoyo de todos los grupos, una iniciativa para conseguir que Galicia asumiese la transferencia de la AP-9. La última fue admitida a trámite en 2023 pero sufrió continuas prórrogas: más de 60. Ahora, finalmente, ve la luz. Aunque para que salga adelante necesita del apoyo del PP, que aún no se ha manifestado, o bien del respaldo del resto de fuerzas nacionalistas, pues Vox con toda probabilidad votará en contra.

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