Amonestación formal del Gobierno central: apremia a 30 ayuntamientos gallegos a pagar las facturas pendientes con las empresas

El Gobierno central vuelve a poner el foco sobre la morosidad municipal con la activación, este año, de un nuevo Mecanismo de Pago a Proveedores que, en Galicia, afecta a treinta concellos. Cinco de ellos deberán acogerse obligatoriamente al sistema para poder liquidar las facturas que tienen pendientes, dado la persistente demora que arrastran para saldar estas deudas, mientras que a otros 25 ayuntamientos de la comunidad se les brinda la oportunidad de adherirse de forma voluntaria y conseguir así un crédito por parte del Ministerio de Hacienda, en condiciones ventajosas, con el que pagar a sus proveedores. En todo caso, a unos y otros el Ejecutivo les da un toque de atención por el retraso que acumulan en el abono de las cuentas pendientes que tienen con las empresas.

En el conjunto de España, el Gobierno ha asignado 304 millones de euros a este fondo con el objeto de que los municipios salden deudas con sus acreedores, una medida que busca, por una parte, aliviar las tensiones de tesorería municipal y, por otra, dar oxígeno a empresas, pymes y autónomos que prestan servicios a las administraciones locales. Por ley, los pagos no pueden superar los 30 días, pero son todavía son numerosas las entidades locales que incumplen este requisito legal.

La iniciativa, aprobada este mes de mayo por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, habilita dos vías en función la morosidad municipal. La primera es obligatoria para 26 ayuntamientos españoles que presentan «de forma reiterada en los últimos trimestres» un periodo medio de pago a proveedores superior a 60 días y cuya corrección tendría mayor impacto en la reducción de la morosidad en el ámbito local, según explica el Ministerio de Hacienda. En esa lista figuran cinco municipios gallegos: Santiago, Cambre, Culleredo y Mugardos en la provincia de A Coruña y Verín, en la de Ourense.

La inclusión de Santiago tiene especial relevancia, ya que pertenece al grupo de los diez ayuntamientos españoles con mayor incumplimiento de los pagos a proveedores. El Concello compostelano, además de superar reiteradamente atrasos superiores a los dos meses, a diciembre del pasado año adeudaba 9,6 millones de euros. En abril de este año, la cantidad alcanzaba los 14,1 millones, según los datos publicados por Hacienda.

Junto a la capital gallega, como los concellos gallegos que tienen que adherirse forzosamente al programa de Hacienda para liquidar sus deudas aparecen los ayuntamientos coruñeses de Cambre, Culleredo y Mugardos, con deudas de 3, 3,6 y 2,5 millones pendientes de pago, respectivamente, y la villa ourensana de Verín, con 3,7 millones. Todos ellos deberán formalizar el correspondiente préstamo con Hacienda y aprobar un plan de ajuste que reciba el visto bueno del ministerio. La fecha límite para formalizar esos préstamos queda fijada en el 29 de julio de 2026. El plazo de devolución irá de octubre de 2027 a 2041.

Segunda vía

El grueso de los municipios gallegos afectados, sin embargo, entra en la segunda categoría, el de la adhesión voluntaria. Son 25 concellos de las cuatro provincias que, según el documento del ministerio, podrán solicitar la financiación por haber registrado un incremento puntual del periodo medio de pago en el último trimestre de 2025 hasta superar los 90 días. En A Coruña figuran Rois, Santa Comba y Vilasantar. En Lugo, Begonte, Guntín, Pantón, Quiroga, Ribadeo y Taboada. En Ourense, Baltar, Chandrexa de Queixa, A Gudiña, A Pobra de Trives, A Porqueira, Rairiz de Veiga, Riós y A Rúa. Y en Pontevedra figuran Agolada, Cambados, A Caniza, Catoira, Cuntis, Mondariz, Salceda de Caselas y Vilanova de Arousa.

En estos casos, las deudas no son de importes muy elevados dado que se tratan de concellos de pequeño tamaño, pero el problema es lo que tardan en exceso en abonar las facturas.

En el conjunto estatal, el mecanismo alcanza potencialmente a 206 ayuntamientos: los 26 obligados y otros 180 que podrán sumarse de manera voluntaria. Para los primeros, el importe máximo a financiar asciende a 206,5 millones de euros. Para los segundos, la bolsa prevista es de 97,6 millones. En ambos casos, el procedimiento descansa en la aceptación de los proveedores, que podrán cobrar sus facturas a través de este sistema, aunque renunciando a intereses y otros conceptos. Si no aceptan, mantendrán sus derechos de cobro, pero esas obligaciones deberán ser atendidas directamente por los ayuntamientos, sin la intercesión del Gobierno central.

Hacienda presenta esta nueva activación del mecanismo como una pieza más de la estrategia para reducir la morosidad de las administraciones. El ministerio subraya que las medidas adoptadas en los últimos años han permitido que la Comisión Europea cierre recientemente el procedimiento de infracción abierto contra España desde 2015 por incumplimientos de la Directiva de Morosidad en Operaciones Comerciales, tras constatar una mejora en los plazos de pago.

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