Conservación natural
El Gobierno eleva la protección del Banco de Galicia para blindarlo de la extracción de minerales y cables submarinos
El Ministerio para la Transición Ecológica inicia el trámite de participación pública para declarar Zona Especial de Conservación un área de 10.235 kilómetros cuadrados al oeste de la costa gallega

Vista en 3D del fondo marino al oeste de la comunidad con el Banco de Galicia a la izquierda de la imagen. / IGME- CSIC

El Gobierno ha iniciado el proceso, con el trámite de participación pública, para elevar el nivel de protección del Banco de Galicia, un espacio marino en el océano Atlántico situado a 154 kilómetros al oeste de las costas gallegas que conforma un polígono con una superficie de 10.235 kilómetros cuadrados, que presenta unas dimensiones máximas de 115 por 98 kilómetros.
Esta zona ya estaba considerada como Lugar de Interés Comunitario (LIC) por parte de la UE, pero ahora (junto con otros tres más) deberá ser declarado como Zona Especial de Conservación (ZEC) por el Estado español, lo que implica elevar el rango de conservación e incrementar las medidas destinadas a preservar este enclave natural. También pasará a ser designada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
«La regulación que se introduce permite prevenir los daños significativos y garantizar el mantenimiento de las funciones ecológicas y servicios ecosistémicos asociados, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, la protección del litoral y la mitigación de los efectos del cambio climático», anuncia el Ministerio para la Transición Ecológica.
Las medidas previstas restringirán el uso que se pueda hacer en este espacio. No es un lugar por el que naveguen asiduamente los barcos —por estar muy separado del corredor de Fisterra— ni tampoco es área habitual de pesca por estar lejos de los puertos más próximos y por las condiciones meteorológicas, pero hay otros intereses económicos que sí podrían infligir daño. El Gobierno ha identificado como principales presiones para el entorno la explotación minera submarina y la instalación de nuevos cables de transmisión de energía o de comunicaciones. Estas dos acciones quedarán prohibidas totalmente, así como la colocación de oleoductos y gasoductos.
La amenaza más seria es la extracción de minerales. «Dado el reciente interés en la extracción de recursos minerales a nivel general, todo el espacio marino se puede considerar amenazado por esta potencial actividad con graves consecuencias sobre la conservación de los valores naturales del espacio», se recoge en la documentación sometida a exposición pública elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Los hidrocarburos en esta zona apenas despiertan gran interés actualmente. Entre los años 2010 y 2011 se llevaron a cabo varias campañas de prospección en la zona conocida como Gran Burato, situada inmediatamente al este de los límites del LIC, y se encontraron indicios de la presencia de gas. Aunque desde entonces no se han realizado nuevas prospecciones y no parece haber interés por la explotación de los posibles yacimientos, «no es descartable que en el futuro se puedan reiniciar las campañas y desarrollar proyectos para su aprovechamiento», admite el Gobierno.
El área propuesta como espacio está atravesada, al menos, por tres cables de comunicaciones internacionales, pero en sus inmediaciones discurren bastantes más, por lo que su ubicación «hace que sea una zona potencial de paso de futuros cables de comunicación entre el noroeste de Europa y diversos destinos en África y en Asia».
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