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Consejo Interterritorial

Sanidad y comunidades aprueban los criterios de reparto de 39 millones para salud mental

Se destinarán otros 17,8 millones a prevención del suicidio

Las comunidades deberán presentar ahora sus proyectos para optar a estos fondos

La ministra de Sanidad preside el Consejo Interterritorial de Salud con las comunidades autónomas.

La ministra de Sanidad preside el Consejo Interterritorial de Salud con las comunidades autónomas. / FdV

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R.S.

Santiago

El Ministerio de Sanidad y las comunidades aprobaron este viernes el reparto de 39 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental para financiar mejoras en la atención a este tipo de patologías y de otros 17,83 millones para la prevención del suicidio durante este año.

Según el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las comunidades deberán presentar memorias técnicas y económicas de los proyectos para acceder a la financiación del plan de salud mental, incorporando de manera obligatoria criterios relacionados con la orientación comunitaria, la garantía de derechos humanos y la equidad.

En este sentido, la orientación comunitaria se define como un enfoque que sitúa a la persona en su entorno social, familiar y comunitario, teniendo en cuenta factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos. Los proyectos podrán desarrollarse mediante intervenciones individuales y familiares, actuaciones grupales o iniciativas coordinadas con recursos y agentes comunitarios.

Así, entre las actuaciones que podrán financiarse se incluyen el fortalecimiento de centros de día, equipos móviles de atención comunitaria, programas de hospitalización domiciliaria y proyectos de intervención en barrios y entornos comunitarios, pero no se sufragarán iniciativas centradas exclusivamente en el aumento de camas o en reformas estructurales de hospitales de media y larga estancia, aclara el Ministerio de Sanidad.

Trato digno

Respecto a los derechos humanos, los proyectos deberán garantizar la dignidad, la autonomía personal y el consentimiento informado de las personas usuarias, en línea con estándares internacionales.

También se contemplan actuaciones dirigidas a la reducción de contenciones mecánicas, el desarrollo de modelos de «puertas abiertas» en dispositivos de hospitalización y la incorporación de mecanismos de evaluación participativa por parte de las personas usuarias y sus familias.

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