Los concellos demoran el encargo a Medio Rural de los desbroces preventivos

Los concellos gallegos se han demorado en encargar a Medio Rural los trabajos de desbroce que podían solicitar al amparo del convenio suscrito entre la Consellería y la empresa pública Seaga para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias.

A poco más de una semana de que expire el plazo legal para que los propietarios mantengan limpias esas zonas de protección, fijado para el 31 de mayo, la Xunta constata que solo tres de cada diez ayuntamientos remitieron en tiempo la planificación necesaria para activar actuaciones dentro de este acuerdo.

El departamento autonómico había fijado como fecha idónea el 21 de marzo para que los municipios formalizasen su adhesión al nuevo convenio y había notificado que antes del 31 de marzo debían enviar la planificación de los trabajos que pretendían encargar, principalmente en vías de titularidad municipal.

Sin embargo, apenas el 30% cumplió ese calendario. La demora no afecta tanto a la adhesión formal al convenio, que sí es mayoritaria, como al paso posterior y determinante: concretar las actuaciones, trasladar las solicitudes y permitir que Medio Rural y Seaga pudiesen organizar con margen los trabajos.

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, presidió este viernes en Santiago una nueva comisión de seguimiento del convenio de gestión de la biomasa en las franjas secundarias.

En la reunión se analizaron las últimas solicitudes de adhesión recibidas y las cuestiones vinculadas al desarrollo del acuerdo, así como la planificación de las actuaciones previstas.

Medio Rural aprovechó además para recordar a los propietarios la obligación de gestionar la biomasa antes del 31 de mayo. A partir de esa fecha comenzarán las inspecciones, en colaboración con los concellos adheridos.

La participación municipal en el convenio es amplia. Según los datos trasladados por la Consellería, 298 ayuntamientos ya solicitaron incorporarse al acuerdo con Seaga, más del 95% de los municipios gallegos y una cifra superior a la registrada en el convenio anterior.

Pero esa elevada adhesión contrasta con la lentitud en la remisión de los encargos concretos, que son los que permiten ordenar las actuaciones sobre el terreno antes de la campaña de mayor riesgo de incendios.

El nuevo convenio, firmado el pasado mes de diciembre y vigente hasta 2029, duplica su presupuesto anual hasta los 25 millones de euros. Su objetivo es apoyar a particulares y ayuntamientos en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención y defensa contra el fuego en las franjas secundarias, es decir, las superficies de 50 metros que rodean los núcleos de población y que deben mantenerse limpias para reducir el riesgo de propagación de las llamas hacia las viviendas.

Aumento de parroquias priorizadas: 420 euros por hectárea

Entre las principales novedades figura el incremento de las parroquias priorizadas, que pasan de 157 a 276.

En esas zonas, los propietarios pueden contratar directamente a Seaga las rozas preventivas a un precio reducido de 420 euros por hectárea. Además, la empresa pública mantiene la posibilidad de realizar ejecuciones subsidiarias en hasta diez hectáreas por concello y año fuera de esas parroquias prioritarias, así como la limpieza de doce kilómetros de vías municipales.

La Xunta subraya que el convenio refuerza también el apoyo a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, que suelen contar con menos medios técnicos y administrativos para tramitar inspecciones, notificaciones a propietarios y actualizaciones de los planes municipales de prevención.

Asistencia del Seaga

A través de Seaga, los concellos adheridos pueden disponer de asistencia para revisar o modificar esos planes y para comunicar a los titulares de las parcelas sus obligaciones legales.

Medio Rural insiste, en todo caso, en que la primera responsabilidad corresponde a los propietarios de los terrenos.

La limpieza de las franjas antes del 31 de mayo es una obligación normativa, no una recomendación. Pero el retraso de buena parte de los concellos en encargar a tiempo las actuaciones a la Xunta reduce el margen de planificación y vuelve a concentrar la presión en las semanas previas al verano.

En una materia en la que cada trámite condiciona el siguiente, la prevención vuelve a depender de una cadena compartida entre propietarios, ayuntamientos y Administración autonómica.

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