Dos de cada tres plazas de abogados de la Xunta quedan desiertas desde 2013

Las oposiciones para acceder a la escala de letrados de la Xunta abren un interrogante dentro de la Administración gallega: ¿por qué, convocatoria tras convocatoria, muchas plazas quedan sin cubrir?

Según los datos manejados por la CIG, en las seis convocatorias celebradas desde 2013 solo se cubrió el 37% de los puestos ofertados. Es decir, dos de cada tres plazas quedaron desiertas. Si el análisis se limita a los últimos diez años, el porcentaje baja incluso al 32%.

La escala de letrados es una de las más cualificadas de la Administración autonómica. Sus integrantes son los encargados de defender jurídicamente a la Xunta en procedimientos judiciales, además de asumir informes y asesoramiento legal desde la óptica de la Administración. Son, en la práctica, el equivalente autonómico a los abogados del Estado, pero al servicio de la comunidad gallega.

Desde la Xunta, sin embargo, se defiende que el sistema elegido no constituye una excepción dentro del conjunto de las administraciones públicas.

La Administración autonómica sostiene que «o modelo de exame para a escala de letrados da Xunta de Galicia é moi semellante ao que se realiza nas demais comunidades autónomas» y recuerda que estos procesos «inspíranse no modelo que se usa para a Avogacía do Estado». Con este argumento, la Xunta enmarca la dureza del proceso en los estándares habituales de selección para cuerpos jurídicos superiores.

Este pasado lunes 18 de mayo algunas de esas críticas fueron a la Mesa Sectorial convocada para negociar las bases del nuevo proceso selectivo. La propuesta mantiene un modelo muy similar al de la convocatoria de 2024: acceso por oposición, seis ejercicios, dos de ellos de exposición oral de siete temas cada uno, y una prueba voluntaria de lengua extranjera.

La principal diferencia, según el sindicato, está en el sistema de corte de los ejercicios orales.

Para la central nacionalista, el problema no es menor ni coyuntural. «Estamos ante un patrón», resume el secretario de organización de Autonómica, Alexandre Prieto. A juicio del sindicato, los datos obligan a hacerse una pregunta de fondo: si año tras año quedan vacantes tantas plazas, ¿fallan los aspirantes o falla el sistema?

El sindicato descarta como explicación razonable que exista una incapacidad generalizada de las personas opositoras. También evita presentar como hecho probado que las plazas se dejen sin cubrir de forma deliberada. Pero sí pone sobre la mesa una sospecha: que la existencia continuada de vacantes permite cubrir puestos mediante comisiones de servicio con personal funcionario de otras escalas, siempre que cumpla los requisitos de titulación. En la práctica, sostiene el sindicato, esto puede facilitar nombramientos temporales de personas ajenas a la escala específica de letrados.

Con todo, la organización centra su crítica en el diseño del proceso. Considera que la oposición es excesivamente memorística y que la sucesión de pruebas convierte la selección en una «carrera de obstáculos» que no está garantizando la cobertura de las plazas. «Un letrado, cuando trabaja, no actúa de memoria: consulta documentación, expedientes, jurisprudencia e informes», argumentan. La central insiste en que no plantea rebajar la exigencia de una escala de alta responsabilidad, pero sí revisar un modelo que, con los resultados en la mano, «no vale».

«Trocear plazas»

También cuestionan la forma en que la Xunta reparte las plazas de las ofertas de empleo público. Según Prieto, «en letrados hacen una cosa que no hacen en otras escalas: trocean las plazas de una oferta de empleo en varias convocatorias». Lo habitual, explica, es acumular plazas de varias OEP y agruparlas en una única convocatoria. En esta escala, sin embargo, la Administración estaría dividiendo plazas de una misma oferta entre procesos de años distintos.

La nueva convocatoria prevé diez plazas: ocho procedentes de la OEP de 2023 y dos de la OEP de 2025. La CIG recuerda que en la OEP de 2023 había diez plazas y que en la convocatoria de 2024 solo se incluyeron dos, por lo que quedaron ocho pendientes, que son las que ahora se convocan. En cuanto a la OEP de 2025, también con diez plazas, la Xunta incorpora ahora solo dos, dejando otras ocho sin convocar.

Por eso la central reclama que la Administración cambie de criterio y convoque ya todas las vacantes disponibles. «Si ahora mismo hay 18 plazas, deben salir las 18», defiende Prieto.

La discrepancia, en el fondo, está en la lectura de esos resultados. Para la CIG, el elevado número de plazas desiertas evidencia que el sistema debe revisarse. Para la Xunta, el modelo responde a los parámetros habituales de los cuerpos jurídicos superiores y se inspira en referencias consolidadas, como la Abogacía del Estado.

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