Diego Sande: «Las empresas que reciben ayudas de I+D deberían justificar que su actividad innovadora se realice en Galicia»

Grandes compañías actúan como un lobby para captar financiación de convocatorias públicas de ayudas de I+D para lo cual utilizan las delegaciones que tienen en cada territorio. Esa es la sospecha de Diego Sande, autor del estudio de la Universidade de Santiago sobre la eficacia de las políticas europeas de innovación y su impacto en el rendimiento empresarial. Por esta razón, considera que exigir solo a las posibles adjudicatarias de los fondos que tengan domicilio social en Galicia «es un primer paso», pero no es suficiente. El investigador cree que sería necesario que las empresas beneficiarias de las subvenciones justificasen que la actividad innovadora se lleva a cabo en la comunidad autónoma.

«Pero es verdad que eso es complejo, porque para ello sería necesario hacer un seguimiento, comprobar que efectivamente es así», apunta Sande. «Lo importante es que esa financiación redunde en Galicia», añade.

Sande deja claro que el hecho de que empresas foráneas participen en consorcios con otras firmas gallegas es positivo. «En algunos ámbitos se necesita colaboración», explica. Y pone como ejemplo el desarrollo del Polo Aeroespacial de Rozas, en Lugo. Explica que el tejido productivo gallego no tiene experiencia en este ámbito y de ahí que esté justificada la participación de compañías con conocimientos en el sector para impulsar el proyecto.

«La cuestión es cuando comienzan a aparecer empresas de otros sectores, como alimentación o automoción, donde aquí ya tenemos unas capacidades», advierte Diego Sande. En ese caso, se pregunta: «¿Si el proyecto lo lidera una empresa de Madrid es para desarrollar algo que se necesita en Galicia o responde a otro tipo de intereses?». Por esta razón, defiende que es importante que las convocatorias de ayudas tengan claro qué áreas estratégicas se quieren priorizar.

Según recoge la investigación de la Universidade de Santiago, los planes de apoyo a la innovación «deberían hacer mayor hincapié en el fortalecimiento de la capacidad organizativa de los consorcios». En opinión de los autores del estudio, más allá de la asignación de fondos, las ayudas deberían estar enfocadas a promover estructuras más equilibradas dentro de estas alianzas y «garantizar que las empresas gallegas no sean meras participantes, sino auténticas beneficiarias».

Cambio de políticas

Impulsar la I+D no depende solo del volumen de recursos que se inyecten, sino que es fundamental, según recoge el estudio, «el diseño de políticas para fortalecer la capacidad interna de las pymes para que puedan absorber, retener y ampliar los beneficios de las ayudas públicas». Para ello estas pequeñas empresas deben contar con recursos humanos especializados, para lo cual los investigadores proponen reforzar los programas de captación de profesionales para las plantillas de estas firmas. Y si se recurre a la participación de empresas de fuera debe justificarse en función de «la falta de capacidades locales».

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