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La Xunta financiará a los promotores privados hasta el 18% de cada vivienda protegida para compensar el alza de costes y que sean «rentables»

Las cuantías podrán llegar hasta los 42.500 euros en las zonas con menor margen de venta y no se aplicarán a las viviendas de precio concertado

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. / FdV

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Santiago

Hasta 42.500 euros por vivienda. Este es el importe máximo que podrán recibir los promotores privados y cooperativas que construyan vivienda de protección autonómica en Galicia dentro de la nueva línea de ayudas que prepara la Xunta para incentivar este tipo de promociones. No se trata de una medida completamente nueva, pero sí de un refuerzo considerable: hasta ahora, el tope de las ayudas autonómicas para promotores privados de viviendas protegidas destinadas a la venta era de 10.000 euros por vivienda. Con el nuevo esquema, la cuantía máxima se multiplica por más de cuatro y, en el supuesto de mayor apoyo, puede llegar a representar casi el 18% de lo que ingresaría el promotor por una vivienda.

Así lo ha indicado este viernes la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en una jornada sobre vivienda protegida organizada en Santiago, donde destacó la «determinación» con la que la Xunta está «enfrentándose» al «problema estructural» de la vivienda. La línea de ayudas, ha explicado, se activará en breve, con el objetivo de hacer frente al «incremento de costes de la construcción».

Fue Marián Domínguez Franjo, secretaria xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) quien, más tarde, detalló los importes de dichas ayudas, que irán en función del régimen y la zona en la que se encuentren las viviendas protegidas. Las VPA en Galicia tienen un precio máximo establecido, en función de dos variables. La primera es el régimen, que puede ser especial, general o concertado, y depende de la renta de los solicitantes. El régimen especial es para rentas más bajas y tiene precios máximos más contenidos, mientras que el general y el concertado permiten rentas más altas y también precios máximos superiores.

La otra variable es territorial: la Xunta diferencia entre zona 2, zona 1 y ámbitos de precio máximo superior (PMS). La zona 2 engloba los concellos con precios más bajos; la zona 1 incluye municipios con mayor presión o demanda residencial —como Redondela, Sanxenxo, O Grove, Arteixo, Padrón o Ribeira—; y el PMS se reserva, en el caso de las VPA, a las siete grandes ciudades gallegas.

La lógica de las ayudas es inversa a la del precio máximo: cuanto menor es el margen de venta, mayor es la subvención. El mayor importe se concederá en el caso de las VPA de régimen especial en zona 1, con una ayuda de 500 euros por metro cuadrado. Así, en el supuesto máximo, una vivienda de 85 metros cuadrados con garaje y trastero tendría un precio máximo de venta de 193.880 euros para el comprador, mientras que el promotor recibiría una ayuda de 42.500 euros, lo que elevaría el ingreso total vinculado a esa vivienda hasta 236.380 euros. La subvención representa así cerca del 18% de ese importe.

En el extremo opuesto, la ayuda de menor importe asciende a 220 euros por metro cuadrado, con un tope de 18.700 euros por vivienda, para las VPA de régimen general situadas en ámbitos PMS, es decir, en las siete grandes ciudades. En el caso de las viviendas concertadas, al considerar que pueden tener rentabilidad suficiente, no habrá subvención.

El objetivo, ha señalado Domínguez, no es otro que hacer que la construcción de la vivienda protegida sea «rentable» en el ámbito privado. «Cuando un promotor piensa en hacer una vivienda protegida, lo primero que tiene que tener claro son los números, y para eso tiene que tener la seguridad de tener una ayuda», ha dicho. Con esta medida, la Xunta busca dar impulso a este tipo de promociones, en una legislatura en la que se ha comprometido a desarrollar suelo para levantar 20.000 viviendas protegidas mediante la colaboración público-privada. A mayores, los compradores pueden acceder a ayudas de hasta 20.000 euros en las grandes ciudades, y de 16.000 en el resto de municipios.

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