La Xunta envía sus alegaciones al nuevo reglamento de Costas a la Comisión Europea: "No nos fiamos del Miteco"

La modificación del Reglamento General de Costas que el Ejecutivo central quiere impulsar antes del verano continúa encontrándose con trabas en el camino. Si la Xunta presentaba hace casi un mes sus alegaciones al Gobierno, este martes han enviado ese mismo documento, acompañado de un informe económico, directamente a la Comisión Europea (CE). "Lo hacemos por dos razones: porque nos han pedido más información y porque no nos fiamos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)", señaló la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una rueda de prensa en la capital gallega.

"Las comunidades no queremos ser meras invitadas de piedra", declaró. Y es que para Vázquez la modificación del reglamento supone "una gran inseguridad jurídica" que, además, "no tiene en cuenta las competencias autonómicas". Así, desmintió que el Gobierno central esté en contacto con las comunidades, señalando que "si es capaz de mentir en eso, puede mentir en cualquier otra cosa". Es "la falta de interlocución de forma unilateral ni conjunta" lo que lleva a la Xunta a enviar sus alegaciones a la CE, algo que "esperamos que hagan también el resto".

El Gobierno central trata de impulsar esta modificación del Reglamento General de Costas con el propósito de evitar el procedimiento sancionador activado por la CE después de que, en abril de 2021, la UE abriese un expediente contra España por permitir que las concesiones para la ocupación del dominio público, es decir, la primera línea de mar, se concedan sin concurrencia competitiva y se prorroguen de forma automática. Casi dos años después, en febrero de 2023, la CE consideró insuficientes las explicaciones y abrió el procedimiento sancionador que ahora intenta sortear.

"El fundamento es decirle a Europa que no se puede modificar una ley a través de un reglamento", aclaró la titular de Medio Ambiente, quien añadió que "no tiene sentido lo que están haciendo". Vázquez cargó así contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de "no afrontar un cambio de ley porque no tiene una mayoría en el Congreso de los Diputados". "Si la ley fuese buena, saldría adelante", aseguró.

"Estamos en un estado de derecho. No puede tener cabida este retorcimiento de forma espuria", declaró la titular de Medio Ambiente, apelando al "principio de jerarquía normativa" y en contra de la "arbitrariedad". "Las empresas no saben a qué atenerse y las administraciones no tenemos certidumbre", apostilló. En este sentido, la documentación enviada a la Comisión Europea añade un estudio económico realizado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) sobre las actividades en el litoral gallego, en el que se recoge que este sector representa hasta un 5% del PIB gallego, con un valor de producción superior a los 5.500 millones de euros y que da empleo, según estos cálculos, a unas 25.000 personas en 81 ayuntamientos diferentes.

Así las cosas, desde su punto de vista, "esta pretendida reforma jurídica lo que va a traer es un aluvión de recursos judiciales que van a acabar en los tribunales y va a ser una auténtica sinrazón". Frente a este "serio riesgo" de litigiosidad, la conselleira se refirió a las conserveras asentadas en Galicia que "pidieron la ampliación de su concesión en tiempo y forma" y para las que "el Gobierno central dejó en un cajón 4-5 años" el trámite. "Lo que viene a insinuar este reglamento es que si hay un litigio somos las comunidades autónomas las que tenemos que pagar y a eso no estamos dispuestos", remarcó, a la vez que aludió a astilleros, negocios de hostelería y de la cadena mar-industria.