El PP lleva al Senado una ofensiva contra los derribos y los deslindes amparados por la Ley de Costas

El Partido Popular ha abierto este miércoles en el Senado un nuevo frente político contra la aplicación de la Ley de Costas y la reforma de su reglamento. Lo ha hecho con una moción en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en la que reclama al Gobierno una moratoria urgente para paralizar los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y suspender las actuaciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición que puedan afectar a viviendas, negocios y concesiones situadas en el litoral.

La iniciativa, que los populares prevén sacar adelante gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, contó con el respaldo presencial de las comunidades autónomas con costa gobernadas por el PP: Galicia, Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. El objetivo político es elevar después el texto al pleno del Senado para su convalidación definitiva y convertirlo en un pronunciamiento institucional contra lo que el PP considera una aplicación «insegura» y «arbitraria» de la normativa costera. Por la parte gallega intervino la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

La conselleira aseguró que se trata de una mera excusa del Gobierno central para alcanzar sus fines ideológicos, pues España «tiene abiertos en estos momentos un centenar de procedimientos sancionadores» por parte de Bruselas, algunos desde hace más de 20 años, y que en ningún caso muestra tanta urgencia y prisas como con la reforma de la normativa que regula los usos del litoral.

En este sentido, incidió en que «no existe ninguna obligación inmediata» que legitime esta reforma acelerada del Reglamento de Costas, que a su juicio es contraria a derecho y que invade competencias autonómicas, pues entiende que vulnera los derechos adquiridos por miles de titulares de concesiones en el litoral que obraron confiando en los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

El senador Francisco Javier Márquez Sánchez defendió la moción con duras críticas al Ejecutivo central. A su juicio, el presidente Pedro Sánchez pretende impulsar «un nuevo modelo de gestión de costas» sin consenso ni diálogo con los territorios afectados. El representante popular llegó a calificar la reforma de «desalojo planificado» y denunció que el Gobierno, bajo el argumento de la protección ambiental, estaría promoviendo una «expropiación encubierta».

«No estamos en contra de proteger el litoral», sostuvo Márquez, «pero sí de utilizar el medioambiente como coartada y paraguas ideológico». Según el PP, la aplicación de la normativa puede dejar en una situación de indefensión a familias que residen en viviendas heredadas de padres o abuelos, así como a pequeñas empresas y locales asentados en municipios costeros.

La portavoz popular en el Senado, Alicia García, reforzó ese mensaje al reclamar «con carácter urgente» la moratoria para todos los procedimientos en curso. García advirtió de que la Ley de Costas, tal y como se está aplicando, puede convertirse en «una sentencia de muerte» para decenas de municipios del litoral español. «No somos el partido del exprópiese ni del derríbese», afirmó, antes de reivindicar la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad.

La moción incluye una decena de medidas, entre ellas una revisión «ordenada, seria y consensuada» de la Ley de Costas y del conjunto de la normativa litoral. El PP también exige la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial, el órgano de cooperación entre el ministerio competente y las comunidades autónomas. El debate vuelve a situar a Galicia y al resto de territorios costeros en el centro de una disputa en la que confluyen protección ambiental, derechos de propiedad y competencias autonómicas.

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