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Medio ambiente

Galicia y otras once comunidades exigen al Gobierno una reunión urgente sobre la conservación del lobo

Las administraciones autonómicas reclaman la aprobación de informes sexenales sobre el lobo, incumpliendo plazos con la Comisión Europea, según la carta enviada

Imagen de archivo de un lobo ibérico.

Imagen de archivo de un lobo ibérico. / Mariam A. Montesinos

E. O.

Vigo

Galicia se suma a otras once comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, para reclamar al Gobierno central la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente con el objetivo de abordar el estado de conservación del lobo. La petición fue trasladada este miércoles por carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y plantea que la reunión se celebre en el plazo de dos días hábiles.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y sus homólogos autonómicos reclaman que se aprueben los informes sexenales previstos en la directiva europea sobre hábitats, fauna y flora silvestres, con especial atención al documento relativo a las poblaciones de lobo. Según recuerda la Xunta, el Ejecutivo central debía haber remitido estos informes a la Comisión Europea antes del 31 de julio del año pasado, algo que, sostienen las autonomías firmantes, todavía no ha hecho.

Reuniones extraordinarias

En la carta, las comunidades subrayan que la obligación de informar a Bruselas no afecta solo al lobo, sino también a otras especies incluidas en la normativa comunitaria. Por ello, consideran que la convocatoria de la conferencia sectorial es «urgente e inaplazable» y se amparan en el reglamento interno de este órgano, que permite celebrar reuniones extraordinarias cuando lo solicita al menos un tercio de sus miembros.

La solicitud está respaldada por Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León, además de Ceuta y Melilla. Las autonomías esperan ahora que el Ministerio no vuelva a negarse a convocar el encuentro y acusan al Gobierno de haber actuado con «arbitrariedad» en ocasiones anteriores.

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