Un tercio de las viviendas vacías de Galicia se concentran en los concellos más pequeños del rural

Cuando a los españoles se les pregunta por el principal problema del país, la vivienda figura de número uno, por delante de la crisis económica o de la calidad del empleo. Lo constata el barómetro más reciente del CIS, de abril. El encarecimiento de los alquileres y de la vivienda en propiedad, junto a la presión del uso turístico de los pisos, preocupan a los que quieren acceder a una casa y a los políticos que deben buscar solución al problema. Mientras, existe un «potencial infrautilizado», sobre todo en las zonas más rurales de Galicia, que concentran un tercio de la vivienda vacía en la comunidad.

Así lo advierte el informe «Ruralidades del noroeste peninsular. Diagnóstico y direcciones de actuación», publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El documento advierte que una tercera parte —168.000— de las más de medio millón de viviendas deshabitadas en Galicia se hallan en municipios de menos de 5.000 habitantes, considerados como «eminentemente rurales». Además, en estos concellos, casi la mitad de las viviendas están vacías (un 46%).

Si a esos ayuntamientos se suman los de tamaño intermedio, el medio rural gallego concentraría casi siete de cada diez casas sin moradores, lo que representa, recalcan, «un potencial infrautilizado, especialmente en el contexto actual de dificultad general de acceso a la vivienda». Que estas viviendas estén fuera del mercado obedece a varios factores, entre los que expertos citan la dificultad para encontrar a los propietarios o para gestionar los inmuebles de herencias no adjudicadas.

Posibles soluciones

Más allá de ofrecer un diagnóstico de la situación, el informe propone soluciones ante un parque residencial «con un gran abandono y muy poco poroso, incapaz de acoger y mucho menos atraer a nuevos pobladores», en especial en lo tocante a la oferta de alquiler. «No se trata de la promoción de vivienda nueva», incide el estudio, sino de orientar el esfuerzo dinamizador a este frente.

Dado que en el rural «existe una gran reticencia» a recurrir al alquiler, el estudio indica que podrían ser «útiles» medidas de «protección» a los propietarios con la implicación de los concellos. Incluso se pone sobre la mesa incrementar el IBI a propiedades «sin uso» o permitir el uso y la explotación de viviendas cerradas o en ruinas a personas interesadas en reformarlas para uso residencial sin tener que asumir el coste de adquirirlas.

El análisis tiene en cuenta que los concellos del rural reciben una población «flotante» que pide servicios, incluidos quienes tienen en esas zonas una segunda residencia o quienes trabajan en el campo. Para estos grupos, se propone el concepto de «empadronamiento secundario» y el reparto de cargas fiscales entre los lugares de residencia y actividad.

El informe, que ahonda en la situación del Noroeste de España (Galicia, Asturias y Castilla y León), forma parte del proceso de elaboración del nuevo marco estratégico para la política de equidad territorial y el reto demográfico y fue encomendado por el Gobierno a personas expertas en la materia del ámbito universitario.

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