El sur de Galicia concentra el 80% de las parroquias elegidas por la Xunta para limpiar para prevenir los incendios

Galicia cuenta desde 2018 con un sistema para blindar los núcleos rurales frente al fuego: un convenio entre la Xunta y la empresa pública Seaga que articula el apoyo público a propietarios y municipios para cumplir con la obligación legal de limpiar las franjas de vegetación que rodean las casas para evitar que se propaguen las llamas en caso de incendio. Dentro de ese sistema, cada año se seleccionan una serie de parroquias consideradas de mayor riesgo, las llamadas parroquias priorizadas, donde la intervención es más intensa y los propietarios pueden contratar a Seaga para que limpie sus fincas – una exigencia legal desde 2007— a precio reducido: 420 euros por hectárea. El coste real es muy superior, pero la Xunta asume la diferencia con el objetivo de promover el buen mantenimiento de estos entornos.

El nuevo plan antiincendios de la Xunta para 2026, aprobado recientemente, da un salto sin precedentes en este sistema: las parroquias priorizadas pasan de 157 a 276, casi el doble — en línea con el aumento de concellos adheridos al convenio, que son ya el 93%—. La geografía de ese salto es llamativa: el 80% de las zonas de actuación prioritaria se concentra en el sur de Galicia. Ourense acapara 168 de las 276 parroquias (el 61%), Pontevedra suma otras 54 (el 20%), mientras que A Coruña y Lugo se reparten las 54 restantes a partes iguales. La huella del verano de 2025 —cuando Ourense concentró el 86% de las más de 118.000 hectáreas calcinadas en toda Galicia— es la explicación más evidente de ese desequilibrio.

El sistema nació en agosto de 2018, como respuesta directa a los devastadores incendios de octubre de 2017. Entonces arrancó con 70 parroquias priorizadas. En 2025 eran 157. Ahora, tras el peor año de incendios del siglo, la Xunta casi las duplica de nuevo y extiende el convenio por cuatro años, hasta 2029, con el presupuesto también duplicado. hasta los 25 millones.

Las parroquias no se eligen de forma arbitraria, sino en base a criterio objetivos: haber sufrido grandes incendios en los últimos diez años, haber activado la situación operativa 2 por su amenaza grave a las casa o a bienes de naturaleza no forestal en ese periodo, tener parroquias de alta actividad incendiaria en el plan antiincendios vigente o estar incluidas en zonas de alto riesgo de incendio forestal. Los ayuntamientos pueden proponer parroquias de su territorio a la Comisión de Seguimiento, que elabora el listado definitivo antes de que acabe marzo de cada año.

Los propietarios que estén en una parroquia priorizada y no limpien ni contraten a Seaga se arriesgan a que el ayuntamiento ejecute los trabajos subsidiariamente y les repercuta los costes, sin límite de hectáreas.

Cabe recordar que este el convenio actual está marcado por una fractura institucional. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) rechazó firmarlo en sesión extraordinaria el 4 de diciembre de 2025, quince días antes de la firma, aunque la Xunta dejó la puerta abierta a que la Fegamp se incorpore en el futuro «si voluntariamente así lo decide».

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