Galicia, referente internacional en gestión de riesgos fiscales
Santiago Lago-Peñas, presidente de EconLabGalicia, fue el encargado de presentar el informe en la sede central de la OCDE, siendo Galicia la única comunidad española analizada

Presentación del informe, en París. / Cedida
La sede central de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París acogió la semana pasada la presentación de Galicia como estudio de caso en gestión de riesgos fiscales subnacionales. Se trata de la única comunidad autónoma española analizada por la OCDE en este ámbito, un reconocimiento que subraya la relevancia de su marco de gestión presupuestaria y la solidez de sus prácticas de control del gasto a escala internacional.
Durante su intervención, Santiago Lago-Peñas, director de EconLabGalicia, destacó los activos diferenciales de la comunidad gallega: una trayectoria de cumplimiento fiscal comparativamente sólida, un nivel de deuda reducido respecto a otras administraciones subnacionales y mecanismos operativos para identificar, monitorizar y mitigar riesgos presupuestarios. La Consellería de Facenda elabora escenarios de medio plazo, gestiona el fondo de contingencia y realiza seguimiento de la ejecución presupuestaria, mientras que organismos como ATRIGA, la tesorería, la intervención general y los organismos sectoriales contribuyen al control de riesgos de ingresos, liquidez, garantías, litigios, contratos público-privados, riesgos sanitarios y emergencias naturales.
Sin embargo, el informe también señala las vulnerabilidades que condicionan las finanzas gallegas. La comunidad asume una elevada responsabilidad de gasto —especialmente en sanidad, cuidados de larga duración y servicios esenciales— con una capacidad limitada para controlar sus principales fuentes de ingresos, ya que depende en gran medida de impuestos compartidos y transferencias estatales. Cualquier perturbación macroeconómica o cambio normativo a nivel nacional puede tener, por tanto, un impacto significativo sobre sus ingresos y obligaciones de gasto.
A ello se suman factores estructurales propios: el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y la despoblación rural encarecen el coste unitario de los servicios públicos. El estudio identifica también riesgos climáticos como incendios, temporales e inundaciones.
Entre las recomendaciones, el informe apuesta por avanzar hacia una gobernanza integral que vaya más allá de las competencias parciales para reforzar la resiliencia fiscal de la comunidad. Como primer paso, propone elaborar una declaración anual de riesgos fiscales que reúna, priorice y cuantifique los principales riesgos con impacto presupuestario, conectándolos con la planificación plurianual y reforzando la transparencia ante la ciudadanía, el Parlamento y los mercados. También se insta a mejorar la cuantificación de escenarios de estrés fiscal asociados a shocks macroeconómicos, pasivos contingentes y eventos climáticos extremos, y a reforzar la coordinación intergubernamental en España, especialmente en materia de financiación autonómica, entregas a cuenta y coordinación ex ante de decisiones con impacto fiscal sobre las comunidades autónomas.
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