Si te equivocas en tus impuestos autonómicos, la Xunta te mandará un aviso y te dará una segunda oportunidad (sin sanción)

Los programas de control tributario suelen ser monótonos. Su contenido se calca, prácticamente, de un ejercicio para otro. Pero este año, la Consellería de Facenda ha hecho su plan con un nuevo molde, con menos literatura que en ediciones anteriores y con más acciones concretas y novedosas de intervención. Destacan dos sobre las demás: un aviso preventivo a los contribuyentes para que regularicen, sin sanción, su situación fiscal cuando la Xunta detecta alguna anomalía «involuntaria»; y, por otra parte, el recurso a «embargos masivos» para combatir el fraude y garantizar el cobro de las deudas.

Los avisos, según explica la Consellería de Facenda, parten del reconocimiento del «derecho al error» por parte del administrado y como se entiende que se ha producido de forma involuntaria, pues se le cursa una «invitación» para que autocorrija su liquidación de impuestos.

Se le da una oportunidad al contribuyente de subsanar su error y de «regularizar» voluntariamente su situación «antes de la apertura de procedimientos formales», es decir, antes de recurrir a la vía ejecutiva con sanciones, aunque puede haber algún recargo. A modo de ejemplo de estos incumplimientos, la Xunta cita la no presentación de autoliquidaciones, errores frecuentes en beneficios fiscales o discrepancias con información de terceros.

En esta línea de prevención hay otra medida. Se impulsará la implantación progresiva de un sistema de comunicaciones «proactivas y personalizadas» dirigidas a los obligados tributarios, a sus representantes y a los colaboradores sociales, mediante el cual se les informará de la proximidad de los vencimientos relevantes vinculados a los tributos periódicos gestionados por la Administración tributaria gallega.

Estas acciones, argumenta Facenda, además de basarse en reconocer el derecho al error, están justificadas por tratarse de una de las «prácticas más modernas de gestión del riesgo» en la prevención del fraude.

Pero de la misma forma que se incentivan actuaciones cívicas, también se amenaza con el palo en el plan de control tributario de este año, sobre todo cuando se trata de cobrar deudas y haya riesgo de impago.

Así, Facenda se propone intensificar un «seguimiento temprano» cuando el importe de las mismas sea significativo o los deudores identificados sean considerados de «alto riesgo cobratorio», todo ello desde el primer momento en que se entra en el periodo ejecutivo, «para adoptar sin demora las medidas de aseguramiento necesarias». O sea, que desde el minuto uno la Xunta actuará para garantizar que se salden esas deudas.

Pero hay otra medida mucho más agresiva para «asegurarse» la «eficacia» de la recaudación en estos casos. En el plan anual se recoge literalmente, para conseguir este fin, que se recurrirá a un «uso extensivo de embargos masivos y selectivos sobre cuentas bancarias, sueldos, salarios, pensiones, créditos comerciales y devoluciones tributarias, coordinando la actuación con otras administraciones tributarias y utilizando, cuando sea posible, plataformas comunes de embargo».

Además, se intensificarán las actuaciones de derivación de responsabilidad (solidaria y subsidiaria), en particular frente a administradores, partícipes y terceros que colaboren en operaciones de vaciamiento patrimonial o en la ocultación de bienes.

Estas actuaciones afectan solo a los tributos que gestiona la Xunta a través de la Axencia Tributaria de Galicia, que son minoría en comparación con los que son competencia del Estado. Los ingresos fiscales que tramita la Atriga superan los 700 millones y son siempre mediante el ejercicio de la autoliquidación por parte del contribuyente.

Otras actuaciones recogidas en el plan de control son usar la inteligencia artificial para seleccionar expedientes de mayor riesgo de fraude, detectar no declarantes a partir de índices notariales o registros civiles o descubrir «estructuras artificiosas de deslocalización de residencia fiscal entre comunidades autónomas para aprovechar diferencias en beneficios fiscales».

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