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Saneamiento

Déficit de control: en Galicia hay ayuntamientos que todavía no cobran por vertidos contaminantes a las empresas

La Xunta recuerda que los concellos son los competentes para fijar instrumentos económicos que reduzcan la contaminación en origen y repercutan de forma más equitativa los costes de depuración

Vista aérea de la ampliada depuradora de Paxariñas (Sanxenxo).

Vista aérea de la ampliada depuradora de Paxariñas (Sanxenxo). / FDV

X. A. Taboada

X. A. Taboada

Santiago

En el proceso de elaboración del nuevo plan de saneamiento de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente se ha citado este año con los responsables políticos y técnicos de los concellos para explicarles el contenido y recoger sus sugerencias para evaluar si merecen ser incorporadas al documento final. Durante la redacción del plan, como así también se puso de manifiesto en estas jornadas técnicas, la Xunta ha detectado que hay ayuntamientos que, directamente, no cobran tasas a las empresas por los vertidos contaminantes que realizan.

En esas reuniones, una por cada provincia, una de las reclamaciones más unánimes que plantearon los concellos a la Xunta fue la de «adaptar las tarifas a los usos industriales en función de la carga que vierten» —que luego tiene que ser tratada por las depuradoras municipales—. Ante esta demanda, recogida en el informe de balance de las jornadas realizado por la Administración autonómica, se trasladó consulta a Medio Ambiente, que respondió que la normativa vigente ya prevé el control de los vertidos industriales a través de los permisos y de los límites de carga contaminante que deben cumplir las empresas conectadas a las redes de saneamiento.

Sin embargo, aclaró que durante los trabajos previos del plan de saneamiento se detectó que no todos los ayuntamientos tienen adaptadas o aplican plenamente las herramientas de control de vertidos y que, en determinados sistemas, existen cargas superiores a las previstas a causa de efluentes industriales. Y que, en todo caso, los propios concellos son los competentes en la materia (financiación y prestación del servicio) y, por tanto, los que deben incorporar a sus ordenanzas los instrumentos económicos que favorezcan la reducción de la contaminación y también un reparto más equitativo de los costes de depuración en función del impacto real de cada vertido.

En esas jornadas técnicas, en las que estuvieron representados de forma directa 71 ayuntamientos, se plantearon otras demandas para «mejorar el control» de estas conexiones industriales. Así, pidieron que la Xunta asumiera, por delegación, la potestad sancionadora para luchar contra los incumplimientos o que se exija a las industrias que aporten financiación para construir las ampliaciones de las depuradoras urbanas.

Los objetivos de estas reuniones fueron explicar los principales objetivos relacionados con la gobernanza que se van a plasmar en el plan de saneamiento y, por otra parte, debatir con todos los agentes implicados las medidas que se quieren implantar.

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