Galicia baraja incluir pruebas prácticas para que los docentes demuestren sus destrezas digitales en las oposiciones

Que la digitalización llegó para quedarse es ya casi un axioma en una sociedad en la que las nuevas tecnologías condicionan las relaciones personales y las laborales. Es una «gran revolución», como indicó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que urge integrar en las aulas para formar a los estudiantes. No obstante, educarlos en un uso «seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable» de las TIC exige que los docentes conozcan esas herramientas y sepan aprovecharlas pedagógicamente. La Xunta podrá asegurarse de ello cuando los futuros profesores quieran acceder a la función pública con pruebas prácticas específicas.

Así se recoge en el Anteproxecto de lei de educación dixital, que este miércoles desgranó el titular de Educación. Hace una semana la Consellería avanzó que se valorarán los conocimientos digitales como méritos y que esa formación se exigiría. Ahora, el articulado de la norma, que ya está disponible en la fase de información pública y abierta a aportaciones, confirma que en los procesos selectivos de ingreso en la función pública, la Xunta «podrá incorporar» procedimientos para acreditar o valorar esas destrezas.

¿De qué modo? La norma señala que «podrán incluirse pruebas prácticas o apartados específicos en las fases de oposición y concurso». Todo ello con vistas a «verificar» cuánto saben los candidatos y si tienen «capacidad para integrarse en un contexto educativo digital».

Formación previa y permanente

Asegurarse de que el profesorado llega a las aulas sabiendo manejarse con las TIC y con conocimientos sobre protección de datos personales, seguridad y uso ético de las herramientas digitales, implica incluir estos contenidos en los temarios de las titulaciones del ámbito educativo. De cara a garantizar que los que forman a los formadores estén al día y los futuros maestros estén adaptados a exigencias actualizadas, la Xunta se plantea abrir su red de formación permanente a las facultades. En cuanto a quienes ya integran su plantilla, no descarta establecer cursos «obligatorios». Todo ello en un contexto en el que la norma, que atañe a los centros sostenidos con fondos públicos, consagra el modelo híbrido.

Con todo, las plataformas o aplicaciones que podrá utilizar en clase el profesorado de la pública tendrán que ser institucionales o recibir antes el visto bueno de Educación. Asimismo, respecto a la IA, tienen luz verde para usarla en exámenes tipo test o para corregir tareas virtuales, pero la regla ineludible es que «cualquier decisión educativa que afecte al alumnado no podrá basarse exclusivamente en resultados automatizados», enfatizó Manuel Vila, secretario xeral técnico de Educación: «Siempre tiene que haber una supervisión docente».

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