«Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»

La Consellería de Educación prepara una ley pionera para regular el uso de las nuevas tecnologías en las aulas de los centros educativos, desde el uso de los móviles a la inteligencia artificial. Según explica el conselleiro Román Rodríguez, la previsión es que la nueva Lei de Educación Dixital inicie su tramitación en el Parlamento este primer semestre para que pueda entrar en vigor ya este año. Entre las novedades está la limitación a las comunicaciones entre padres y profesores: se trata de poner fin a mensajes a horas intempestivas. Habrá un canal oficial y unos horarios.

Se han prohibido ya los teléfonos móviles en los colegios, salvo para usos pedagógicos, y esta ley reforzará ese veto. ¿Pero qué pasa si pillan a un alumno con un smartphone en clase?

Vamos a plantear un protocolo para dar seguridad al profesorado cuando un alumno, por picaresca, intente meter un móvil en el aula. Este protocolo recogerá unos pasos muy concretos, muy específicos, para reforzar una medida que ha sido muy positiva. Será una hoja de ruta que dará seguridad jurídica para que se pueda proceder a la retirada de estos móviles.

También se regulará el derecho a la desconexión digital en el ámbito educativo. ¿Esto cómo se hará?

Es muy importante que haya un clima de respeto en las comunicaciones digitales. Nos han llegado protestas de familias porque, en ocasiones, algún profesor manda tareas a una hora inadecuada, por ejemplo, a las diez de la noche, y viceversa. No es razonable. Lo que se va a hacer es fijar unos horarios aplicados a las comunicaciones móviles para respetar el derecho de la comunidad educativa a estar desconectada. Se hará una instrucción con estos horarios.

¿Y se regularán también los canales para realizar estas comunicaciones?

Sí. Tiene que haber unos canales oficiales para la comunicación entre las familias y el profesorado. Tienen que estar ordenados esos flujos de información y haber una trazabilidad porque los canales que hay ahora son muchos: WhatsApp, redes sociales...

¿Y cuáles serán esos canales oficiales? ¿Será a través de Abalar?

Lo tenemos que evaluar y hacer un canal específico que sea una evolución de Abalar. Y que sea transparente y respetuoso.

¿Entiendo entonces que quedará prohibido el uso de WhatsApp para estas comunicaciones?

Correcto.

También se busca regular en la nueva ley el uso de la IA. ¿Pero esto no será como ponerle puertas al campo?

Lo que plantearemos serán usos posibles y usos prohibidos. La IA es una herramienta de primerísimo nivel, que puede aportar mucho a la mejora educativa, porque es una herramienta para la gestión de la información, para la generación de contenidos o para adaptar contenidos a alumnos que puedan tener algún problema de aprendizaje o discapacidad. Es una herramienta poderosísima, pero también tiene una cara B. Y tenemos que minimizar su impacto. Y otra cuestión básica es que nunca podrá sustituir al profesorado. Nunca podrá evaluar. Se podrá utilizar para evaluar las variables de un diagnóstico, pero no para dar el diagnóstico.

¿Y habrá sanciones a quien haga un mal uso de la IA, grabe una clase o difunda exámenes en redes sociales?

Sí, habrá un sistema de sanciones. Plantearemos un marco para darle seriedad para que no sea algo abstracto o etéreo.

¿Y en qué consistirán estas sanciones?

Aún tenemos que diseñarlas, veremos si son cuestiones administrativas o económicas. Se trata de darle fuerza legal para llevar a cabo los objetivos de la ley.

El modelo E-Dixgal fue uno de los programas estrella de la Consellería de Educación, pero ahora se está reorientando hacia un modelo híbrido por las demandas de las familias y las recomendaciones de expertos. ¿Se equivocaron en su momento al apostar de forma tan intensa por la digitalización?

Hay que diferenciar entre las posiciones extremas. No podemos ser un país de péndulo, donde la digitalización en un momento dado es algo fantástico y después algo absolutamente criticable. E-Dixgal siempre fue un programa híbrido. Por ejemplo, en Secundaria nunca cubrió el 100 por cien de las asignaturas. Sí, lo cubría en quinto y sexto pero siempre se usaron métodos más tradicionales de apoyo. Y ahora ha ido evolucionando. El pasado año incorporamos alguna materia en papel en quinto y sexto de Primaria y este año hemos contratado materiales complementarios también en papel. Yo creo que E-Dixgal ha sido muy importante porque abrió la puerta a la enseñanza digital, de modo voluntario y progresivo. Y muchísimos alumnos adquirieron destrezas digitales porque para algunos de ellos era la primera vez que tenían contacto con un ordenador o una tablet.

Pero se está moderando el uso de tecnologías digitales en el aula, se están dando pasos atrás...

No podemos interpretar el pasado con ojos del presente. Los presidentes de los grandes países de Europa esta semana se reunieron para decidir si prohíben las redes sociales, pero eso no se pensaba hace cinco años. ¿Fueron un error las redes sociales? Habría sido un error no haber introducido la perspectiva digital. Imaginemos que hoy en los centros no hubiese ningún ordenador.

En relación con la polémica de los auxiliares de conversación. Llevan meses alertando de que el programa está en riesgo porque el Gobierno exige que tengan contrato laboral. Pero las ANPAs reclaman su continuidad. ¿Prefiere la Xunta renunciar al programa antes de asumir el coste?

El programa de auxiliares de conversación es del Estado y ya debería estar convocado, pero no lo han hecho. Nosotros seguimos los planteamientos del Ministerio de Educación, pero esos planteamientos para el Ministerio de Trabajo conllevan multas millonarias. Es una irracionalidad por parte de un Gobierno de chichinabo. Demuestran una gestión abominable. Nosotros estamos a favor del programa pero que no se nos vacile. Yo les diría a las ANPAs que se dirijan al Ministerio de Trabajo para que no boicotee el programa. Pero hay un pasotismo absoluto.

¿Y la Xunta no puede hacer nada para mantener el programa?

Esto solo lo puede hacer el Gobierno porque es el que tiene las competencias para firmar convenios con otros países para estos intercambios. Estos auxiliares de conversación no son profesores, ni trabajadores. Pero el Ministerio de Trabajo quiere inflar artificialmente el número de afiliados a la Seguridad Social y el Ministerio de Educación en vez de defender su programa, se fuma un puro y no le importa que se caiga. Es una barbaridad y una aberración.

Galicia ha sido de las comunidades que más ha peleado por un modelo homogéneo en las pruebas de acceso a la universidad. Después de los cambios incorporados por el Ministerio de Educación, ¿está satisfecho?

Los cambios del Ministerio van orientados a generar más desigualdad, es algo absolutamente absurdo. Nunca entendí cómo el Gobierno no escuchó a las comunidades que pedíamos una prueba común, lo más igualitaria posible. Yo espero que el Ministerio de Educación vuelva a la racionalidad.

La Fundación Galtia se ha constituido hace un año. Para este 2026 tiene un presupuesto de 4 millones de euros. ¿Cuándo cree que se incorporarán a Galicia los primeros científicos de prestigio? ¿Han sondeado ya a alguno?

Es una herramienta de captación de talento, que dará muchas alegrías a Galicia. Queremos diseñar un espacio que posibilite atraer investigadores de primerísimo nivel. Nuestra idea es sacar la primera convocatoria este año. Hubo una tramitación administrativa y burocrática muy densa, pero ahora la fundación está ya constituida y espero que los primeros investigadores puedan estar aquí lo antes posible.

En relación con la FP el Gobierno exige ahora cotizar por las prácticas. La Xunta firmó un convenio con Feuga para ayudar a tramitar las altas y bajas en la Seguridad Social. ¿Cuántos alumnos están ya dentro de este convenio?

Este es un ejemplo clarísimo de fraude político y de abuso por parte del Gobierno. El Ministerio de Trabajo confunde estudiantes con trabajadores. Si bien es cierto que el coste económico lo paga el Gobierno, hay un coste de gestión para las empresas y los centros y, por encima, la Seguridad Social funciona fatal desde el punto de vista burocrático.

La nueva Ley de FP exige más prácticas en los ciclos formativos. ¿Serán las pymes en Galicia capaces de absorber estas prácticas y generalizar este modelo de FP dual?

Afortunadamente, las empresas confían en la formación profesional. Hemos sido capaces de generar confianza en el conjunto de los sectores productivos que ven en la FP un canal para acceder a profesionaless, a recursos humanos bien formados. Siempre recibimos una respuesta muy positiva de las empresas. Sí, hay una buena receptividad. Si hay pequeñas empresas que no pueden acoger de golpe a 12 alumnos, pues se firma un convenio con varias empresas pequeñas para repartirse las prácticas.

En materia laboral, ¿cuándo entrará en vigor la rebaja del horario lectivo para los profesores de Secundaria?

Estamos trabajando mano a mano con los sindicatos. Y fuimos capaces de incrementar en 2023 la masa salarial de los profesores en base a una carrera profesional docente y todos los años hay un incremento salarial. Y ya rebajamos las horas lectivas en Primaria. Y hemos reducido progresivamente las ratios de alumnos por profesor.

El nuevo decreto de comedores escolares del Gobierno encarecerá el precio de los menús. Las ANPAs piden a la Xunta más fondos para los comedores que gestionan. ¿Les darán más ayudas?

Es un decreto estatal que el Gobierno no consensuó con nadie. No aportan ningún tipo de soporte económico para aplicarlo. Lo que plantean, en gran medida Galicia ya lo está haciendo en los comedores de gestión autonómica con menús con productos de proximidad, diseñados por nutricionistas, que apuestan por alimentos de temporada y que tienen el aval del Sergas. Respecto a las ANPAs yo les diría que en los últimos años ya incrementamos los recursos para sus comedores. Ahora son el triple que antes de la pandemia. Por eso deben pedir ese dinero a quien les obliga a cambiar su modo tradicional de hacer las cosas, porque nosotros ya hicimos un incremento sustancial.

Cada vez hay más alumnos con necesidades especiales y desde diferentes colectivos se quejan de la falta de profesorado de apoyo. ¿Prevé la consellería contratar más docentes para atender a este alumnado?

Esto es un proceso inacabado. Ya llevamos muchos años aumentando las plantillas. Tenemos 5.000 profesionales en el ámbito de la diversidad, pero es cierto que hay una demanda creciente. ¿Seguiremos ampliando plantillas? Sí, pero no todo pasa por una cuestión concreta sino que hay un panorama más amplio. Por ejemplo, tenemos líneas de FP básicas adaptadas a este alumnado y tenemos un nivel de detección de estas problemáticas mejor que en España.

El actual Plan de Financiación Universitaria finaliza este año. El Gobierno fijó por ley el objetivo de invertir al menos un 1% del PIB en las universidades, pero la Xunta dice que Galicia ya cumple. ¿Qué meta se marcan entonces? ¿Habrá más recursos para los campus?

Debido a los procesos electorales para elegir rector tanto en Santiago como en Vigo comenzaremos los trabajos para elaborar el nuevo plan de financiación cuando los dos equipos rectorales estén asentados. El Gobierno, a través de la Ley de Universidades (LOSU) fijó el objetivo del 1% pero sin poner un solo euro. Es «un invito y tú pagas». En todo caso, Galicia es una de las comunidades que mejor financia a las universidades. Y si hay algún mecanismo compensador o algún fondo económico del Gobierno queremos que no se penalice a Galicia, que ya cumple el umbral estipulado en la LOSU.

¿Pero aspiran a mejorar ese porcentaje de financiación sobre el PIB?

Tendremos que verlo, pero para nosotros las universidades siempre han sido prioritarias y desde 2009 hubo una financiación creciente. Y la tendencia es a incrementar los recursos.

También habrá que renovar el acuerdo marco del Mapa de Titulaciones que finaliza este año. Hay algunos estudios que se imparten en varios campus ¿se deberían evitar estas duplicidades?

El Mapa de Titulaciones es una de las líneas estratégicas que tenemos que consensuar con las universidades. Y hay que hacer un esfuerzo de coordinación, de consenso y de visión de país. Tendremos que diseñar un mapa coherente, donde algunas titulaciones tendrán que adaptarse, tendrán que modificar sus planes de estudio o tendrán que reconfigurarse para no quedar obsoletas. Y habrá que implantar titulaciones nuevas. Hay que adaptarse a los cambios de la sociedad y al mercado de trabajo.

Hay titulaciones que ya tienen más vacantes que matriculados. ¿Se va a mantener su carácter singular y estratégico para que no cierren o habrá que suprimirlas?

No hablaría de suprimir. Hay de hecho un decreto que fija el número mínimo de alumnos por titulación y que estamos modificando. Vamos a trabajarlo con las universidades para ajustarlo a la realidad demográfica actual. Y hay que tener en cuenta que las cosas cambian. Por ejemplo, en las titulaciones clásicas de griego o latín, ahora curiosamente hay una gran demanda de profesores. Pues podemos tener estos estudios sin que lleguen a un número mínimo porque tampoco podemos permitirnos no tener esas titulaciones.

Dice que se está revisando el decreto para fijar el mínimo de alumnos por titulación. ¿Para rebajar o aumentar el umbral?

Será obviamente, teniendo en cuenta las dinámicas demográficas, para ajustar ese mínimo, porque hay que tener en cuenta que hubo una caída muy fuerte del alumnado universitario y hay que buscar un punto de equilibrio.

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